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Por: Augusto Martín Lostaunau Moscol (2)
Resumen: El Conflicto Social en Cajamarca debido a la presencia del proyecto Minero Conga es seguido por la población a través de los medios de comunicación, principalmente la prensa escrita, la cual puede muchas veces aprovechar esta situación para informar en forma sensacionalista y tergiversar los hechos. Además, de enfrentarse a los dirigentes sociales. Este es el caso de Perú21 y su información sobre Gregorio Santos.
Palabras Clave: Conflicto Social. Cajamarca. Conga. Prensa Escrita. Gregorio Santos. Perú21.
“ORIENTAR LA OPINIÓN PÚBLICA DEL PAÍS”
Gerardo Peralta Atarama ha señalado que “Sentado frente a la computadora para redactar una nota informativa, una crónica o un comentario, el periodista no puede escapar a la pregunta de quién lo va a leer, ver o escuchar y cómo va a reaccionar” (2003:127), es decir, el periodista debe ser consciente que su labor profesional tendrá una repercusión social en forma directa o indirecta y, es por ello, que debe interrogarse constantemente sí su labor beneficia o perjudica las relaciones sociales de la comunidad a la que pertenece. Esta falta de rigor ético para comunicar una noticia a la sociedad ha generado una prensa de mera distracción. Ronald Jesús Torres Bringas señala que “La prensa, sobre todo la más espectacular, desplaza la tarea de edificar una noticia que desenmascare los tentáculos del poder por un artefacto que profundiza el desconocimiento de los recursos públicos para desenvolverse como organización individual” (2008:41). De esta manera, no se aborda directamente las causas de los acontecimientos sino, por el contrario, aspectos secundarios y, muchas veces, intrascendentes que incluso llegan a la especulación y distorsión de los hechos reales. Entonces, llegamos a un punto más importante, la ética de los medios de comunicación. Como bien señala Agustín Figueroa Benza, “Cuando se habla de ética en el manejo de los medios de comunicación nos estamos refiriendo básicamente a la posición de los dueños, de los directores, en el sentido de los miembros del directorio, si fueran las empresas sociedades anónimas; a la de los gerentes, de los editores y los directores periodísticos” (2002:142) es decir, la ética de un medio de comunicación es impuesta por los propietarios o los gerentes, siendo entonces los periodistas (en la mayoría de los casos) simples intermediarios entre lo que los dueños de los medios aspiran informar y la sociedad que consume la noticia. Pero, esta forma de ejercer poder sobre la sociedad por parte de los medios de comunicación no es reciente, ya en 1934 Pedro Beltrán escribió en un editorial del diario La Prensa que “Renace La Prensa como expresión tangible del anhelo patriótico de un grupo de ciudadanos que han querido de esta manera ofrendar su concurso a la obra de la reconstrucción nacional…No los mueve ni mezquinos intereses de clase no desorbitados anhelos de predominio: Se proponen tan sólo contribuir a orientar la opinión pública del país (el resaltado es nuestro), como medio de alcanzar la mejor y más acertada resolución de los graves problemas que confronta en país…Los gobiernos de orden encontrarán en La Prensa un colaborador entusiasta y leal, que estará siempre pronto a fortalecer y a secundar su acción cuando ella responda a los intereses de los más, como a ofrecer su crítica constructiva cuando los intereses del país exijan otros rumbos” (1994:105-106). Hemos destacado que La Prensa se comprometió a “orientar la opinión pública del país”, es decir, dirigir el pensamiento de los peruanos lectores de este diario, para lo cual, las noticias serían tratadas no como acontecimientos sino, como ideas que los individuos deberían internalizar. Un discurso que remplaza la realidad. Además, huelga escribir sobre las acciones de Pedro Beltrán en la política peruana de mediados del siglo XX. Es por ello que Catherine Conaghan plantea que las “relaciones entre bambalinas entre los propietarios de los medios, los periodistas y las autoridades públicas constituyen un aspecto central en las relaciones entre prensa y Estado” (citado por J. Fowks 2000:48). Las relaciones entre el Estado (a través de los gobiernos de turno) y los medios de comunicación en el Perú, siempre han sido cuestionadas por aquellos sectores sociales y/o políticos que se han visto perjudicados por la acción de estos últimos a favor de los primeros. De esta forma, los problemas se expanden y alcanzan la credibilidad de los medios, llegando incluso a la de los propios periodistas. Aunque, como bien sostiene Gonzalo Soruco “La defensa de los medios de la comunicación contra su manipulación a manos de los gobernantes, políticos y grupos de interés especiales está en la educación del periodista” (Soruco 1994:196). Las escuelas que forman periodistas deben tener el valor moral de formar profesionales independientes de los medios donde van a laborar y con una idea crítica del país, de lo contrario se convertirán en servidores de intereses ajenos a los de su profesión.
Pero, desde mediados del siglo XX en el Perú surgió la llamada prensa sensacionalista o prensa chicha, la cual tergiversa la información o simplemente, recurre a otros aspectos del acontecer para no informar precisamente sobre aquellos aspectos que sí son importantes para el desarrollo del país. Ernesto Toledo Brückmann anota que “El sensacionalismo en el periodismo peruano no fue en sus inicios sinónimo de mentira sino de exaltación de la justicia y de búsqueda de igualdad y respeto de los derechos. Los temas sobre la realidad nacional eran la base de este tipo de periodismo que para llamar la atención de los lectores recurrían a frases llamativas, irónicas y hasta burlescas que iban dirigidas a la clase política” (2002:22). Es importante indicar que el sensacionalismo no necesariamente es sinónimo de mentira pero, en los últimos 35 años, la prensa sensacionalista a recurrido a la mentira para desviar la atención de los lectores y evitar informar sobre acontecimientos de interés nacional. Pero, a pesar de ello, los últimos acontecimientos políticos del país demuestran que la prensa sensacionalista en la mayoría de los casos no ha logrado su objetivo. Así, el fujimorato llegó a su fin luego de grandes movilizaciones populares que antecedieron y prosiguieron a la Marcha de los Cuatro Suyos. Por más vedettes, música tropical y escándalos sexuales, el público se intereso por lo que verdaderamente ocurría en el Perú. Esto es así porque, como escribe Sandro Macassi Lavander “El consumo de prensa sensacionalista no sólo reposa en la lectura de los titulares, sino que además es un consumo cruzado” (2001:45). Este consumo cruzado significa que la persona no es consumidor de un solo medio de comunicación sino que frente a la prensa escrita se encuentran los medios audiovisuales y en los últimos años, los medios electrónicos que permiten, además, ampliar la información con nuevas fuentes y comentarios. Los medios virtuales independientes son cada vez más visitados por quienes no se conforman con lo leído, visto o escuchado.
AGUA EN MEDIO DEL CONFLICTO POR CONGA
El diario Gestión del lunes 27 de febrero de 2012 publicó que según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la existencia de 14 conflictos sociales en estado crítico que tienen como motivo principal el manejo de los recursos hídricos. El jefe de la ANA, Hugo Jara señaló que “Estamos hablando de conflictos que han incrementado su hostilidad, haciéndose más difícil de manejar, pues incorporan asuntos adicionales a los originalmente planteados, además de la formación de alianzas entre los actores existentes y nuevos actores” (Gestión 27 de febrero del 2012:2). De esta manera, se puede entender que si bien un conflicto social tiene como principal motivo los recursos hídricos, cuando se agudiza la situación social, se incrementan nuevas demandas lo que determina una mayor complejidad para poder resolverlo. El miércoles 29 de febrero de 2012, Gestión publicó su especial mensual de G MINERIA, donde en primera plana señala que CHILE TOMA VENTAJA EN EXPLORACIÓN, es decir, se recurre a una histórica rivalidad entre peruanos y chilenos para generar una idea “nacionalista” de la importancia de la minería en el desarrollo del Perú que garantice enfrentar a Chile en cualquier caso o circunstancia. Casi un mes antes, el Grupo El Comercio (que edita diarios como El Comercio, Perú21, Gestión, entre otros), editó el suplemento comercial Responsabilidad Social en el cual indicó que “Los proyectos mineros son los que mayor número de conflictos generan en su área de influencia. Muchas veces la comunidad es influenciada por la información tendenciosa (resaltado nuestro) en el entorno o los malos antecedentes de otras compañías del sector” (2012:14). Es necesario destacar que los editores reconocen que los proyectos mineros pueden generar conflictos sociales con mayor facilidad que otras actividades extractivas pero, lo relaciona con malos antecedentes empresariales o con información tendenciosa que reciben los pobladores de personas quizás interesadas en perjudicar a las empresas mineras. Claro que esto último no lo deja claro.
Son muchos los investigadores y los centros de investigación social que han realizado trabajos sobre la importancia del agua para la vida humana y el desarrollo sostenible de la sociedad. Entre los muchos casos que podríamos citar sólo haremos referencia al estudio realizado por Nora Cárdenas, Pedro Makovski et al, quienes el 2005 indicaron que “El agua es un elemento esencial para la vida humana, para la salud básica y para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para las actividades económicas. Con frecuencia, en los debates internacionales se ha señalado que el reconocimiento del agua como derecho humano podría constituir el paso más importante para abordar el desafío de brindar a la población el elemento más básico de la vida” (2005:35). Es decir, la importancia que tiene el agua para la vida humana determina que los especialistas propongan que forma parte de los derechos humanos porque, no sólo garantiza la vida del hombre sino también, porque permite el desarrollo de actividades productivas y la obtención de alimentos. Además “…el concepto de suficiencia de agua no debe interpretarse de manera restringida por mera referencia al volumen de este elemento y a las tecnologías, sino que el agua debe tratarse como un bien cultural y social, y no esencialmente como un bien primario” ( Cárdenas, Makovski et al. 2005:36). Con lo cual, el derecho al agua que tienen todos los seres humanos no se limita a su simple condición de asegurar la vida de los mismo sino, alcanza el de bien cultural porque, son muchos los grupos humanos que utilizan el agua con un alto contenido simbólico-cultural, siendo el caso –para tener un simple ejemplo- el bautizo en el ritual cristiano católico. El agua garantiza la vida del hombre así como su continuidad como grupo cultural.
En una entrevista realizada el 2001 al Presidente Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Dr. Manuel Pulgar Vidal, se hace referencia directa a la relación entre el Estado, las empresas mineras y el medio ambiente. El entrevistado indicó que “Yo no creo que exista una política ambiental. Hay bases que podrían ser la base para armar una política ambiental. ¿Qué tanto participa el ciudadano? Muy poco. Porque no existen los elementos para que participe. No está regulado el acceso a la información en temas ambientales. La consulta no es un prerrequisito para hacer una evaluación de impacto ambiental. Todo esto te puede llevar a concluir que no existe una política ambiental. Existen elementos para construir una política, pero ésta no existe” (2001:105). Durante el fujimorato, el Estado Peruano no se interesó por una política ambiental, con ello contribuyó a que empresas mineras –principalmente extranjeras- realizaran sus labores contaminando el medio ambiente y perjudicando principalmente a las comunidades campesinas. Por ello, Manuel Pulgar Vidal exige una política ambiental que se sustente en la participación ciudadana, el acceso a la información y la consulta sobre evaluación de impacto ambiental. El cuidado del medio ambiente es considerado como un derecho que tiene la sociedad para preservar el espacio que le rodea. Preguntado sobre la participación de las empresas mineras en la ejecución del Código del Medio Ambiente, Pulgar Vidal respondió que “El Código no puede ser un obstáculo, porque es una norma de principios, de derecho y obligaciones. Primero hay que reconocer que en este conflicto hay tres partes: comunidad, empresa, Estado. Y hay una serie de debilidades, por ejemplo, en el Estado. Yo creo que los empresarios mineros consideran un problema el tener que asumir algunas cuestiones que le corresponden al Estado. El Estado ausente está siendo germen de muchos conflictos entre empresas y comunidad. Porque la comunidad reclama a quien tiene al frente, que es la empresa, no el Estado. Ha habido casos de empresas que actuando con mucha arbitrariedad han accedido a la tierra en condiciones muy poco justas para las comunidades. Por ejemplo, las primeras compras de tierra para la mina Yanacocha, que generó un conflicto posterior donde la compañía tuvo que compensar nuevamente a esas poblaciones que fueron reubicadas. Eso fue por haber actuado con demasiada arbitrariedad en el acceso a la tierra. Pero también se da el otro extremo, que no se debe tratar de generalizar. Y es que la empresa desarrolle una actitud paternalista frente a las comunidades. Que sea tal su asistencialismo que convierta a la comunidad en dependiente de la empresa” (Pulgar Vidal 2001:108-109). En la extensa respuesta que hemos citado, Pulgar Vidal es claro en señalar que todo conflicto social generado por la minería involucra directamente a la comunidad, a la empresa y al Estado, es decir, la actividad minera no involucra simplemente al Estado y a la empresa quienes pueden solucionar todo con la firma de un contrato, sino que, es la comunidad quien debe conocer y determinar las condiciones de dicha actividad con la finalidad de lograr los mayores beneficios para su desarrollo. De no darse esa relación siempre existirá la posibilidad del cuestionamiento de lo actuado por el Estado y la empresa ya que, existen muchos casos de conocimiento público de corrupción estatal a favor de las empresas así como, casos de abuso de las empresas contra las comunidades donde el Estado no ha intervenido o su intervención fue para consolidar el abuso empresarial y reprimir a la comunidad. Además, rechaza que el Estado haya permanecido ausente en las comunidades limitándose simplemente a cobrar impuestos, dejando en el abandono a las comunidades y permitiendo una política paternalista por parte de las empresas.
El sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, Wilder Sánchez Sánchez sostiene que el Proyecto Minero Conga es inviable porque presenta impactos potenciales en el agua, en el ecosistema y en las actividades productivas y el desarrollo. Sobre el impacto en el agua sostiene que “El Proyecto Conga es inviable porque está ubicado a una altitud que va de los 3,700 a los 4,262 msnm, en las cabeceras de cinco cuencas hidrográficas: 1) del río Jadibamba; 2) del río Chugurmayo y 3) del río Chirimayo (ambos afluentes del Sendamal, que más abajo se une con el Jadibamba, originando el río La Llanga); 4) del río Chaillhuagón, que alimenta al río Grande y éste al río Chonta de Cajamarca; 5) de la quebrada Toromacho, que alimenta al río Pachachaca y éste al río Llaucano. Tres grandes cuencas hidrográficas sufrirán impactos graves: la del río La Llanga, de Celendín, que irriga el valle de Llanguat y desemboca en el Marañón; la del río Llaucano, que irriga los valles de Bambamarca y Chota, y la del río Cajamarquino, que irriga los valles de Cajamarca, Llacanora, Namora, Matara y San Marcos” (Sánchez 2012:3). Según Wilder Sánchez las cuencas afectadas serán cinco y con ellos, los valles que estos ríos riegan, perjudicando directamente las labores agrícolas que se desarrollan en la región. En febrero de 2012 en un suplemento contratado por la Gerencia de Comunicaciones de Yanacocha e impreso y distribuido por la Empresa Editora El Comercio S.A. señaló que “Conga propuso a las comunidades y al Estado construir reservorios ecológicos que duplique la cantidad de almacenamiento del agua, especialmente para la época seca. Con esa agua se podría tener más cosechas al año y extender el terreno agrícola en una zona donde la agricultura no ha desarrollado todo su potencial…Hoy, las lagunas almacenan 1,4 Mm3 (millones de metros cúbicos). Tres de los reservorios serán para uso exclusivo de las comunidades. Estos almacenarán 3,2 Mm3, es decir, más del doble…Todos los reservorios garantizan el abastecimiento de las cuencas del proyecto…Conga se comprometió a construir los reservorios primero. Las lagunas no serán tocadas hasta que los reservorios estén construidos y la mina no iniciará operaciones hasta que estos estén funcionando…Los reservorios de Conga serán construidos con arcilla y roca de la zona, y aprovecharán el agua de las lagunas y el agua de la época de lluvia para llenarlos. Por eso se puede decir que tienen un diseño ecológico” (Gerencia de Comunicaciones de Yanacocha 2012a:9-10). Para enfrentar el problema de la destrucción de las lagunas y la contaminación de las cuencas hidrográficas, el proyecto Conga se comprometió públicamente en construir reservorios de diseño ecológico que garantizarían (duplicarían según la Gerencia) las reservas de agua para que las comunidades puedas mantener –y es más, aumentar- su producción agropecuaria. Es decir, tanto los sectores que se encuentran contra el proyecto Conga como la empresa minera aceptan que es el agua el punto que genera los desencuentros y el conflicto social. Posteriormente, la misma Gerencia publicó otro suplemento donde indica que es falso que el proyecto se encuentre en cabeceras de cuenca y humedales porque “El Proyecto se encuentra ubicado en uno de los múltiples puntos de la cabecera de cuenca del Marañón…El abastecimiento de los ríos y quebradas de las microcuencas donde está el proyecto, será impactado de forma positiva puesto que los 4 reservorios propuestos recolectarán por lo menos el doble de agua de las lagunas intervenidas, para los vecinos agricultores” (Gerencia de Comunicaciones de Yanacocha 2012b:14). Aquí, la Gerencia confronta directamente lo dicho por quienes se oponen al Proyecto Conga. Se sostiene que no son cinco las cuencas afectadas sino, sólo micro cuencas del río Marañón las cuales serán beneficiadas con la construcción de los cuatro reservorios propuestos con lo cual se duplicará la cantidad de agua.
En una entrevista realizada por el diario Perú21 al Defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Vega, se le interrogó por quiénes son los intransigentes (destacado nuestro) en Cajamarca, frente a lo cual contestó que “Después del informe de los peritos de Conga, el presidente Humala presentó una alternativa, una salida. Es decir, está en manos de los dirigentes, de las autoridades y de la minería encontrar una solución que armonice la inversión con las expectativas ciudadanas y con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, se requiere ir a un diálogo pero con posturas cerradas. ¡Qué diálogo se va a establecer así!” (Vega 2012:15). Mientras el periodista (Gonzalo Pajares) busca un culpable de lo ocurrido en Cajamarca, el Defensor del Pueblo indica que el diálogo debe ser la forma de salir del entrampamiento. Que los grupos que están en contra del proyecto, que las autoridades y las empresas deben sentarse y armonizar las posturas de inversión-ganancia que representa la empresa, las expectativas ciudadanas que debería representar el Estado y la protección del medio ambiente (principalmente el agua) que postulan los grupos que están en contra del proyecto. Es decir, rechaza aquello de “anti minero” que es como denominan a quienes protegen el medio ambiente, y de “anti ambientalista” como denominan a quienes proponen el desarrollo del Proyecto Conga. Un diálogo sin prejuicios. Sin vencedores ni vencidos. Sin culpables.
EN MEDIO DEL CONFLICTO POR CONGA, OTRO CONFLICTO: PERÚ 21 VERSUS GREGORIO SANTOS.
Como lo han destacado muchos analistas sociales y dirigentes de partidos políticos, el problema ocasionado por el proyecto Conga determinó el cambio del Premier Salomón Lerner por Oscar Valdés en diciembre del 2011. Es decir, el conflicto en Cajamarca significó el fin del Gabinete de la Gran Transformación. A pesar del cambio del gabinete, las protestas sociales prosiguieron y no existía la posibilidad de diálogo en los primeros días del nuevo año. En nuestro trabajo tendremos en cuenta la información que publicó el diario PERÚ21 durante los primeros siete meses del 2012 en relación con el Presidente Regional de Cajamarca, señor Gregorio Santos.
El miércoles 4 de enero de 2012 el diario Perú21 tituló Santos es cuestionado por sus propias bases radicales, para luego iniciar el texto de la manera siguiente “El presidente regional Gregorio Santos estaría (resaltado nuestro) afrontando serios cuestionamientos en el interior del Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca, principalmente de las bases de MNI-Patria Roja y del Sutep-Cajamarca…Según se supo, durante una reunión el último sábado, los ánimos se caldearon luego de conocerse que la gestión de Santos había recibido un aporte de s/.1.4 millones de una empresa minera” (p.7). Mientras en el título de afirma que Gregorio Santos “es cuestionado”, en el texto se anota que “estaría afrontando” cuestionamientos, con lo cual el título de la nota se puede considerar de tendenciosa. El lunes 13 de febrero de 2012, nuevamente Perú21 se ocupa directamente de Gregorio Santos cuando tituló que Santos malgastó fondos de la región, luego en el texto se indica que es un informe de la Contraloría de la República que denuncia el gasto indebido perjudicando el programa “Mejora de la Calidad Educativa”. Además, “La denuncia fue presentada en el programa Cuarto Poder e indica que en total se gastaron, en tiempo record, un millón 233 mil soles” (p.8). Es decir, la noticia es tomada de un informe periodístico televisivo pero, no se indica el número del informe y, es más, no se publican los documentos que son de interés público. Al día siguiente, el mismo diario informó que Santos deberá explicar uso de fondos en paro regional, explicando luego que, es el congresista Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien citará a Santos “…para explicar la presunta desviación de recursos destinados a un programa educativo al financiamiento de los gastos que provocó el paro regional que él promovió contra el proyecto minero Conga” (p. 7). Aquí, mientras el diario afirma que los fondos fueron desviados para financiar el paro general, el congresista Belaunde lo citará por una “presunta desviación” del dinero.
El viernes 17 de febrero de 2012, el diario Perú21 entrevistó al empresario Alfonso García Miró quien afirmo que “Decir que Conga no va es decirles no al progreso, a la redistribución y al crecimiento. Si logra tener éxito esa posición, habrá triunfado el antiperuano, el que tira piedras en la calle y el que genera más heridos con toda impunidad” (p.14). De esta forma, quienes se oponen al proyecto minero Conga –o quizás, a cualquier otro proyecto- es un “anti peruano”, un violentista que goza de impunidad, lo que significa que quienes están de acuerdo con el proyecto son “verdaderos peruanos”, un pacifista que es desprotegido por la ley. Una visión donde todo es blanco y negro.
El 21 de febrero de 2012, el diario Perú21 denunció que Santos acusado de torturar mujer, indicando que “En 2005, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio santos, habría participado en un juicio popular de ronderos en el que fue torturada la pobladora Petronila Vargas, acusada de un asesinato, según reveló un informe del programa Primera Noticia, de ATV…Pese a que Santos negó haber intervenido en el hecho, fotografías y un acta fiscal dieron cuenta del vejamen al que fue sometida Vargas ante unos 200 ronderos” (p.7). Luego se indica que en una de las imágenes se ve a Santos detrás de Vargas y se destaca que fue el propio Santos quien presidió el acto mientras indicaba al fiscal que primero se cumpliría la condena de los ronderos y luego Vargas sería entregada a la justicia. Pero, otra vez, no se publicó el acta del fiscal.
El viernes 9 de marzo de 2012, Perú21 denunció que Santos aumentó planilla y anuló programa nutricional, señalando que “…en enero el MEF le entregó al Gobierno Regional de Cajamarca S/. 19 millones para el Programa Articulado Nutricional, que engloba los programas para la Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil y para la Disminución de la Mortalidad materno Infantil…Según el reporte de su ejecución de gasto a la fecha, Santos decidió invertir este monto en otros rubros y, al final, destinó sólo S/. 220,426 para el programa nutricional. Es decir, menos del 1.2% del monto total aprobado” (p.2). Y, nuevamente, no se publicaron los documentos que respaldan la información pero, se destaca que un diario publicó un suplemento de ocho páginas titulado PORQUE CONGA NO VA financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca. Ese mismo día, el Director del diario, Dr. Fritz Du Bois, tituló Herodes su editorial donde escribió que “Como si fuera una versión moderna del rey de Judea mandando degollar a todos los infantes para desaparecer a su rival, Gregorio Santos ha decidido dejar a miles de niños cajamarquinos sin programa alimentario para desviar esos recursos a un proyecto partidario y personal” (p.2), con lo cual se puede percibir que esa información es manejada por el propio director del diario. Además, la portada de Perú21 destacó esta información señalando que “SANTOS DEJÓ SIN COMIDA A NIÑOS DE CAJAMARCA POR PLANILLAS Y ESTUDIOS DE AGUA”.
Un día después, el sábado 10 de marzo de 2012, Perú 21 informó que Contraloría investiga presupuesto de Santos” destacando que “Presidente regional anuló también la construcción de tres hospitales en la región Cajamarca” (p. 8). Es decir, según el diario, no sólo se afectan los programas alimentarios sino también, se dejan de construir hospitales. Aunque no se publican los documentos. Además, no existen informes de movilizaciones de los comités de vaso de leche o de comedores populares así como, de los sindicatos de médicos y enfermeras. Algo así como que la sociedad civil cajamarquina no reacciona frente a Santos, quizás esperando que desde Lima llegue la justicia. Este supuesto abuso de poder que realizaría Gregorio Santos en Cajamarca, se confirmaría con la información del domingo 11 de marzo de 2012, cuando Perú21 denunció que Santos obliga a los colegios a marchar contra Conga, señalando que “…ha ordenado, también, a los colegios cajamarquinos para que sus profesores y estudiantes se plieguen a las protestas antimineras” (p.5), publicando esta vez un documento con el logotipo del Gobierno Regional de Cajamarca, Dirección Regional de Educación-Cajamarca, Unidad de Gestión Educativa Local-Celendín y con una firma ilegible, donde se convoca a todas las instituciones educativas al paro en forma obligatoria. Al día siguiente, se publicó una nota con el título de Piden a Santos no use a los menores en paros anti-Conga (p.5), señalando que este pedido es de Mercedes Cabanillas –ex ministra de educación de régimen aprista- e Idel Vexler –vice ministro de educación de los regímenes de García y Toledo-. Quienes, además, exigen la intervención rápida del Ministerio del Interior y el Ministerio Público.
El 3 de abril de 2012, Perú21 publicó Santos alista plataforma electoral para el 2016, señalando que, “Presidente Regional pone en evidencia su intención política en medio de protestas antimineras…Militante del Sutep y de Patria Roja lanza convocatoria para formar frente político de izquierda” (p.8). Agregan que “Fuentes políticas cajamarquinas afirmaron que, desde el año pasado, Santos había expresado sus deseos de aglutinar a las fuerzas izquierdistas dispersas en el país” (p.8). Es decir, ya desde el 2011, Santos hizo saber su intención de formar un frente de izquierda para las próximas elecciones generales pero, es su participación en el conflicto social en Cajamarca lo que determina que esta decisión se convierta en una noticia de importancia nacional. El jueves 26 de abril de 2012, Perú21 tituló que Santos pierde los papeles por informe de Perú21. Señalando que “Lejos de mostrar su preocupación por la presencia del narcotráfico en su departamento y demandar una mayor presencia del Estado, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, calificó –a través de su Twitter- de “blasfemia” la información propalada ayer por este diario sobre la aparición de un nuevo mercado de la droga en su jurisdicción” (p.8). Pero, Perú21 tituló ese informe de “NARCOS VS. CONGA”, en la primera página de su edición del miércoles 25 de abril de 2012, con lo cual deja una idea de quienes se oponen al proyecto Conga son narcotraficantes o amigos de los mismos. Además, el título está acompañado de un collage de paquetes de droga, dinero, una pistola, cocaína y sangre. Puro sensacionalismo. El viernes 27 de abril de 2012, el mismo diario destacó que Santos se burla de cajamarquinos, indicando que “Pese a que había solicitado licencia por razones de salud, el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, participó ayer en un conversatorio sobre agua y minería organizado por la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Pedro Ruíz Gallo, de Chiclayo” (p.6). y, nuevamente, mostró como fuente de su información la cuenta personal de Twitter de Santos donde indicó que tenía problemas de amígdalas y tomaría cinco días de descanso por ello, César Aliaga quedaría como responsable del gobierno regional. Aunque no se indica la fecha en la cual Santos realizó esta anotación.
El miércoles 16 de mayo de 2012, Perú21 publicó que Santos paga con recursos del Estado a su “guardia dorada”, señalando que “Documentos a los que tuvo acceso Perú21 demuestran que la autoridad regional utilizó recursos del Estado para pagar a estas organizaciones [rondas campesinas] con el propósito de utilizarlas como “fuerzas de choque” en sus marchas y paros regionales contra minas Conga y contra toda actividad privada que se oponga a sus intereses” (p.2). En la parte baja de la página publica en un recuadro dos partes de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Gerencia Sub Regional Jaén y la Federación Subregional de Rondas Campesinas y Urbanas de Jaén, donde resaltan la Clausula Quinta que dice “MONTO PACTADO POR LOS SERVICIOS. LA GERENCIA acuerda con LAS RONDAS CAMPESINAS Y URBANAS que el apoyo económico por los servicios señalados en la Clausula Tercera asciende a la suma de S/. 6,000.00 (Seis Mil y 00/100 Nuevos Soles) mensuales a todo costo…” pero, el diario no publicó la hoja donde figura la Clausula Tercera de dicho convenio por lo que no sabemos cuál es el concepto de los servicios señalados en la clausula quinta. El lunes 21 de mayo de 2012, otra vez Perú 21 vuelve con la denuncia y señala que Santos paga por apoyo a dirigentes radicales, e indica que “La “amistad” también tiene un precio. El presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, paga con recursos del Estado el “apoyo” que le brindan sus amigos y actuales dirigentes sociales en sus marchas y paros regionales contra el proyecto minero Conga…Este es el caso de un grupo de activistas, militantes de izquierda y líderes de los llamados frentes de defensa que cobran mensualmente por trabajos inexistentes” (p.6). Respalda su denuncia publicando un documento que denominan Planilla Dorada pero, está bastante borrosa en los nombres, indica servicios de terceros en los conceptos de pago y en dos casos se agrega con lapicero una anotación difícil de leer.
El lunes 28 de mayo de 2012, Perú21 publicó en su primera página una foto de Gregorio Santos con el titular BUSCA MUERTOS, señalando que un informe de inteligencia descubre los objetivos de los dirigentes, agregado que “Santos y sus socios quieren ensangrentar protesta del 31 de mayo en Cajamarca para cancelar proyecto Conga”. Y, en la página dos publican un documento “reservado” donde en la parte inferior dice “Esta información es clasificada su difusión no autorizada constituye delito conforme a la legislación vigente”, lo que hace suponer que el diario recibió la autorización para su difusión porque, en otro caso, ha cometido un delito que debería ser sancionado según ley.
El miércoles 6 de junio de 2012, Perú21 en su portada publicó la foto de Santos con el titular “PIDE GOLPE”, luego indica que “Gregorio Santos desafía estado de derecho con extremista llamado en Cajamarca”. En la página siguiente publicó que Santos pide a cajamarquinos derrocar a presidente Humala, acompañando esto con una opinión de Fernando Rospigliosi –ex ministro del interior del régimen de Toledo- quien sostiene que “Santos sigue a Humala, quien pidió derrocar a Fujimori, Toledo y García” (p.2). Al día siguiente, Perú21 publicó Investigan a Santos por apología de rebelión indicando que “…la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo inició una investigación de oficio a lo afirmado por el titular de Cajamarca” (p.6). Pero, al parecer, la noticia no despertó el interés del público, por ello, el viernes 8 de junio de 2012, Perú21 cambió de denuncia y señaló que Santos favorece a empresa de concuñado con obras, indicando que “El favorecido es Ginés Cruz Guerrero, quien hasta diciembre del año pasado se ganaba la vida como profesor en Jaén y ahora tiene una próspera empresa gracias a las obras que le otorga Santos” (p.5). Aunque el diario no publica documentos para sustentar su denuncia. Al día siguiente, Perú21 publicó que Contraloría revisará las obras que otorgó Santos, ampliando la información al indicar que “En los próximos días, la Contraloría de la República solicitará un examen especial a la buena pro para la ejecución de tres obras de reposición de infraestructura educativa en Cajamarca que le fueron otorgadas a una empresa del concuñado del presidente regional Gregorio Santos” (p.6). Agrega que la denuncia de Perú21 es el motivo principal para dicha investigación.
El viernes 15 de junio de 2012, Perú21 retomó la información sobre la tortura a Petronila Vargas. Así informó que Avanza la investigación a Gregorio Santos por tortura, señalando que el abogado de Vargas “…informó a Perú21 que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio ya cuenta con los resultados de las diligencias policiales contra Santos y otros ronderos…” (p.9). El martes 19 de junio, el diario publicó que Gregorio Santos presidió “juicio popular” a una mujer en Jaén, indicando que Petronila Vargas Santa Cruz fue secuestrada, vejada y torturada durante 83 días “…según ella ha declarado en Jaén a una nueva revista local” (p.2). Acompaña la nota con un documento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa San Ignacio donde se dispone inicial diligencias preliminares. Al día siguiente, Perú21 continuó con el caso al informar que Fiscal dice que Santos sí secuestró a una mujer, sosteniendo que “El exfiscal adjunto de la Provincia de San Ignacio, Miguel Augusto Briceño Ramírez, confirmó que, el 24 de noviembre del año 2005, el ahora presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, secuestró a Petronila Vargas Santa Cruz por el asesinato de un rondero y de su familia” (p.8). Aunque, otra vez, la nota no está acompañada de ningún documento. El viernes 6 de julio de 2012, Perú21 volvió al caso Vargas y tituló su portada con “LO ACUSAN”, e indica que Gregorio Santos es procesado en el Poder Judicial por el caso de Petronila Vargas, víctima de un “juicio popular” que él dirigió en 2005, y en la página dos publicó partes del documento de la investigación fiscal. Al día siguiente, la noticia se retomó con el título Fiscal pide que se detenga a Santos, indicando que “El pedido de detención se formalizó ayer, mediante el escrito 148-2012. Será la jueza Rosa Fernández Arrascues quien fijará la fecha de la audiencia en que se decidirá el futuro de Santos” (p.7). El miércoles 11 de julio de 2012, Perú21 indicó que Poder Judicial cita a Santos, señalando que “El 25 de julio, juzgado decidirá si ordena detención del Presidente Regional por el “Juicio Popular” a Petronila Vargas” (p.5). El lunes 16 de julio, Perú21 publicó que Amenazan a Petronila, y acotó que “Presidente regional de Cajamarca desafía a la justicia y dice que está “muy Ocupado” para citación” (p.8). El esperado día 25 de julio, Perú21 anotó que Santos huye de la justicia por tortura, y amplió la información indicando que “…en su lugar, asistirán seis abogados (dos de Jaén, dos de Cajamarca y dos de Lima) para que argumenten ante el Poder Judicial que esta grave acusación en su contra “ya es cosa juzgada” (p.8). El sábado 28 de julio de 2012, Perú21 publicó que Será procesado en libertad, indicando que “Magistrada rechaza pedido de detención contra Gregorio Santos por secuestro y homicidio” (p.8). Pero, mientras esperaban el dictamen de la magistrada, Perú21 publicó el miércoles 18 de julio de 2012 en su primera página que SANTOS ERA EL “CAMARADA MARAÑÓN” EN LOS 80. EXPEDIENTE SECRETO. Con lo que quizás empieza un nuevo capítulo de esta confrontación.
(1) Verso de Enrique Peña Barrenechea en Cinema de los Sentidos Puros. Ponencia presentada en el I Congreso Peruano de Derechos Humanos. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. APRODEH. Facultad de Derecho y Ciencia Política-UNMSM. Agosto de 2012. Lima-Perú.
(2) Licenciado en Historia. Docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradecimientos a Frank Salazar Reynaga y Walter Vargas Díaz por su apoyo con ideas para la presente ponencia, aunque los errores siempre serán míos.
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