Por: Luis Gárate

Los problemas en relación al acceso al agua y la vivienda no solo son cuestión conflictiva de algunas alejadas zonas rurales, sino una seria problemática de las zonas urbanas y de una mega ciudad como Lima metropolitana.

En estos días se anunció en Lima un recorte del servicio de agua en 11 distritos, en especial en algunos emblemáticos de clase media alta tradicional como Miraflores, Surco o San Borja. Esto ha despertado nuevamente algunas voces del neoliberalismo que vuelven a la carga de la “necesaria” concesión o privatización de Sedapal.

Por otra lado desde el gobierno se anuncia la aprobación de una Ley del leasing inmobiliario, es decir, por el alquiler-venta de un inmueble, pagarán cuotas mensuales que no deberán superar las de un crédito hipotecario convencional. Según el Ministerio del sector esta medida permitirá un rápido acceso a unas 30 mil viviendas, pero el problema de fondo sigue latente: la falta de acceso de vivienda digna para las grandes mayorías.

Estas 2 noticias ponen en la palestra un debate político y técnico sobre temas muy sensibles para la ciudadanía y donde hay visiones encontradas: la propiedad y calidad de las empresas de servicios básicos como el agua potable y el saneamiento, así como el tema de las políticas de acceso al suelo y la vivienda.

Por un lado los voceros neoliberales como Jaime de Althaus plantean que empresas públicas como Sedapal ya estarían “privatizadas” a manos de la burocracia estatal y de los sindicatos. Este particular enfoque lo que busca es justificar la entrega a los privados el manejo del recurso hídrico potable. Por otro nos debe hacer tomar nota de algunas evidentes ineficiencias de esas empresas. Para el caso, cabe ver experiencias cercanas de la privatización del agua como en Bolivia y Chile, en la que aumentaron los precios del servicio sin mejorar la calidad del servicio.

En el caso de la vivienda, nos abre a una problemática profunda en la que reina un mercado informal sobre el tema de la propiedad de terrenos, donde predomina la especulación, los beneficios de las empresas inmobiliarias a partir de políticas del Estado (Fondo Mivivienda), el tráfico de terrenos promovidos por mafias con relaciones con sectores el Estado y que se aprovechan de la necesidad de amplios sectores.

Cabe anotar que según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), el déficit de vivienda en nuestro país bordea los 2 millones de inmuebles porque cada año solo se construyen 18 mil unidades habitacionales cuando la demanda real es de 140 mil viviendas al año.

En ambos casos se pone en serias dudas la capacidad el Estado de brindar un acceso adecuado al agua y la vivienda que, más que servicios y mercancías, deben ser reconocidos como derechos. Por otro lado nos queda claro que el Estado que tenemos no está en capacidad de garantizarlos, primero porque ambos temas no están reconocidos en la Consititución y porque hay un claro desdén de modernizar la calidad y el rol estatal en el sector.

Por un lado en cuanto al agua potable es necesario dotar de mayor fuerza y eficiencia a las empresas públicas que brindan dichos servicios. El tema de la provisión de agua potable está estrechamente ligado a las políticas urbanas, de acceso al suelo y de vivienda. El Estado debe ordenar y asumir un rol más activo en políticas de vivienda social, pues no puede seguir consolidando la ocupación informal conocida como “invasiones”, lo que genera un crecimiento desordenado que enriquece a algunas mafias y que genera más problemas en la provisión de servicios como el agua y electricidad.

Claramente necesitamos un Estado que destine terrenos destinados a programas de vivienda social, que coordine políticas de planificación urbana con los gobiernos regionales y locales, y a la vez también fortalecer las empresas públicas como las de agua potable. De lo contrario, seguiremos siendo presa de la especulación, las mafias y la improvisación en favor de algunos grupos.