Por: Bladimiro Begazo Begazo       

El 12 de noviembre se convocarán las elecciones generales del 10 de abril del 2016, sin embargo, en el Congreso se debate la reforma de la Ley de  Partidos políticos sobre temas como su financiamiento económico, la democracia interna, la elevación del 3% al 4% del porcentaje de firmas del padrón electoral para inscribir un nuevo partido político, la participación o no  como candidatos los condenados por terrorismo y narcotráfico; que  si los candidatos pueden o no realizar  regalos a los electores en la campaña electoral, sanción a los partidos que no rindan cuentas y la eliminación del voto preferencial. Asuntos importantes por cierto que tienen que verse  como parte de la democracia en su conjunto.

Al respecto, en el presente artículo solo me ocuparé de  la financiación  económica de los partidos y mi opinión es tajante: NO ESTOY DE ACUERDO, en primer lugar,  porque  las organizaciones políticas sean del color que fueran son  organizados por un conjunto de personas que obedecen a intereses de clase a las que representan y generalmente tienen intereses contrapuestos, por ejemplo los partidos de izquierda y de derecha, los primeros que aspiran construir el socialismo y los segundos que quieren mantener el sistema capitalista y no creo  que los burgueses quieran financiar a  los comunistas que aspiran cambiarlo, en cuyo caso lo que quiere la derecha es domesticar a  los partidos para que nadie se atreva a transformar radicalmente la sociedad en crisis en la que vivimos  actualmente.

En segundo lugar, los partidos deben de tener plena autonomía ideológica, política, organizativa, económica y programática,  por lo tanto son sus promotores los responsables ante la sociedad. El estado, el gobierno y los capitales privados deben  mantenerse al margen porque los ciudadanos son los que deciden a qué partido o partidos apoyan.

En tercer lugar, las organizaciones políticas deben y tienen  que autofinanciar  sus actividades políticas, culturales, la formación y preparación de sus cuadros y militantes, no sujetándose a los parámetros  de nadie, más allá de la fiscalización a que si tiene derecho el estado y el gobierno. El solo hecho de recibir dinero del estado y de los sectores  privados genera dependencia y elimina su autonomía.

En cuarto lugar, no es novedad en la historia de la democracia   peruana,  que los empresarios de la tierra  y de la industria, tanto de origen nacional como internacional  hayan   financiado directa o indirectamente a los partidos organizados por ellos o por sus representantes políticos. Entonces no es cosa nueva, porque además, con ley o sin ley lo seguirán haciendo en defensa de sus intereses.

En  quinto lugar, el narcotráfico hace mucho tiempo está metido en el asunto y lo que si debe  combatirse drásticamente es esta lacra social, sancionando a quienes  son sus promotores y a las  organizaciones políticas que sean fachadas  comprobadas o agencias de los narcotraficantes. Pero para ello tiene que intervenir y participar también  toda la sociedad en el marco de su lucha por regeneración ética y moral.

Por lo tanto, la propuesta del JNE, ONPE y RENIEC para  que se apruebe en el  Congreso la financiación con 200 UIT o sea con 770, 000 soles a las organizaciones políticas, desde mi punto de vista es descabellada y atentatoria contra la autonomía de  los partidos políticos.

Mientras tanto la derecha de aprobarse esta iniciativa legislativa, ya  se frota las manos y agranda  sus bolsillos para lucrar con estos dineros.