Por: Diony Gallegos Sanz

Las mujeres del Valle del Tambo viven entre el miedo, la rabia y la lucha. Con un conflicto que ya se extiende desde el 2011, y hoy a más de 50 días de protestas, ya tiene un saldo total de 5 asesinados por las fuerzas policiales por reclamar del gobierno peruano el derecho a defender su estilo de vida y su opción de desarrollo, derecho contemplando en la constitución peruana. La violación de los derechos humanos en la provincia de Islay y la impunidad por parte del Gobierno deja ver que solo la suspensión del proyecto minero Tia Maria de la Southern debe ser uno de los principales puntos del proceso de paz.

El Valle de Tambo es una zona agrícola, ganadera y cuna de abundante pasto natural que se extiende y cubre principalmente los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía, Deán Valdivia y Mollendo, pertenecientes a la provincia de Islay en la región de Arequipa. Un 80 por ciento de la población vive de la agricultura. En el Valle existen más de 13 mil hectáreas de cultivo donde gracias a su clima cálido a templado se cultivan toneladas de productos de consumo local, nacional e internacional y crece una frondosa vegetación de árboles. Según el Ministerio de Agricultura y Riego, estos productos que se cultivan y dan trabajo a más de 10 mil personas en el valle abastecen al sur del Perú y se exportan a países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia.

El conflicto social y político por el que viene pasando el pueblo peruano fue creado por el gobierno de Ollanta Humala, el problema de fondo está asociado a la convivencia entre minería y agricultura en la región de Arequipa, provincia de Islay, y en particular en el valle de Tambo. El gobierno evita reconocer que detrás del proyecto Tía María de la mineradora Southern están de por medio un conjunto de proyectos mineros cuyas concesiones alcanzan más del 85 por ciento de toda la provincia de Islay y que planea convertir esta localidad en un distrito minero.

Una investigación reciente facilitada por Mar Daza del Programa Democracia y Transformación Global sobre género, poder y minería afirma que las actividades extractivas tienen un impacto distinto y más grande en las vidas y cuerpos de las mujeres que en los hombres. La expansión extractivista aumenta la carga laboral sobre las mujeres, ya que tienen que asumir adicionalmente las labores de los hombres que van a trabajar en o con la mina. A la vez, tienden a ser excluidas de los beneficios económicos y de las negociaciones sobre el destino de los territorios, mientras que hay muchos indicios que los distintos tipos de violencia contra las mujeres aumentan, incluyendo la violencia dentro del hogar, la trata de mujeres y la violencia sexual.

Es por ello la desconfianza de la población en los proyectos mineros del gobierno, esta desconfianza también invade a todas las mujeres del Valle como a Martha, de 37 años, ella es una migrante de la región Puno que encontró en ese lugar el sostén económico que no le dio su tierra natal, “el Valle de Tambo es mi casa desde hace siete años, la mina cambiará todo sin beneficiarnos. Va a traer delincuencia y contaminación”, afirma.

La capacidad de una población para disponer de alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficiente (seguridad alimentaria), es un derecho humano de primer orden y la condición para el desarrollo integral de las persona. La minería y la economía de mercado no persiguen la seguridad alimentaria sino obtener beneficios en el mercado mundial. El trabajo de cuidados realizado por las mujeres es la primera víctima de la inseguridad alimentaria. Somos las primeras en sufrir los daños de la desnutrición, las enfermedades alimentarias y el deterioro del medio ambiente sobre niñ@s y enfermos. La desigual condición de hombres y mujeres se agudiza en los países empobrecidos, las clases trabajadoras y los colectivos marginados.

La capacidad de los pueblos para producir, distribuir y consumir sus propios alimentos (soberanía alimentaria) es la condición para la seguridad alimentaria. La minería y la mercantilización e industrialización de la agricultura y la alimentación para el mercado global son los principales enemigos de la soberanía alimentaria. No hay soberanía alimentaria sin la autodeterminación de los pueblos y las mujeres para conseguir este derecho.

Bajo la consigna “el alimento no es una cuestión de mercado, sino de soberanía”, las mujeres del Valle defienden el derecho a decidir las políticas de agricultura y a organizar la distribución, intercambio y consumo de alimentos, de acuerdo a necesidades y factores culturales, éticos y estéticos de familias y comunidades campesinas, en cantidad y calidad suficientes. Implica proteger y regular la producción y comercio local, hacia un desarrollo rural sostenible; fomentar prácticas de agricultura orgánica; promover alianzas campo-ciudad y comercio justo; y rechazar la privatización de la tierra, minería, agrocombustibles, transgénicos, monocultivos y agrotóxicos.

Ofrece oportunidades para avanzar en los derechos de las mujeres en el sistema alimentario, porque reconoce su papel histórico desde la invención de la agricultura, en la recolección y propagación de semillas, como protectoras y guardianas de la biodiversidad y recursos genéticos. El sostén moral, social y afectivo de la soberanía alimentaria son las mujeres, “de nada convierten pan y alimentos”.

“Aquí la vida es hermosa y el aire puro”, dice Rosi (30) mientras carga a su hijo. A Rosi nadie le quita de la cabeza que el Valle puede desaparecer y que se quedarán sin trabajo luego de algunos años si comienza la explotación del cobre por la empresa Southern. El proyecto Tía María que el gobierno peruano pretende imponer al pueblo de Arequipa en el Valle de Tambo, al igual que Conga en Cajamarca y otros similares expresan fehacientemente la inviabilidad de un modelo que se sustenta en una economía primario exportadora que saquea los recursos, destruye la agricultura local, el medio ambiente, atenta contra la soberanía alimentaria y la calidad de vida y medios de sustento de las poblaciones y particularmente de las mujeres, en beneficio del capital extranjero y un puñado de sus intermediarios nativos.

Hoy podemos visivilizar también el rol clave de las mujeres en los procesos de movilización social en defensa de los territorios y los derechos frente a la minería en el país. A menudo las mujeres fueron las primeras en denunciar la contaminación, o en reclamar los derechos de la población afectada por la minería. Dirigentas como Carmen Shuan en Condorhuaín (Ancash), Juana Martínez en Choropampa (Cajamarca) y Margarita Pérez en San Mateo (Lima) lideraron las luchas de sus pueblos, y miles de otras mujeres han cumplido responsabilidades claves en los procesos de organización social.

Mujeres como Isabel del Valle de Tambo de 60 años, donde su único sostén ha sido el jornal de 50 soles que gana a diario en las chacras de este oasis alojado en medio del desierto, sale a protestar y lo hace bien preparada, lleva en su vieja bolsa una botella con agua, una segunda con piedrecillas dentro para hacer bulla, y otra de vinagre para contrarrestar los efectos de las bombas lacrimógenas que lanza la Policía. Durante los enfrentamientos moja un pañuelo en el vinagre para cubrirse el rostro y evitar el lagrimeo e irritación que genera el gas. El último lunes intentó con sus propias manos frenar el avance de la Policía hacia Cocachacra que estaba desbloqueando la vía. Por tratar de impedirlo junto a decenas de mujeres de Islay en un “cacerolazo”, dice haber sido pateada y tirada al suelo sin contemplación. “No me importa morir con tal de defender el Valle para mis hijos y nietos”, dice con voz firme.

Claro que toda generalización simplifica la realidad. Hay muchos hombres muy consecuentes y comprometidos en la lucha, pero el rol tradicional de las mujeres en la sociedad rural, más enfocadas en cuidar la salud integral de la familia y de los animales, en velar por la seguridad e identidad local y en pensar en el futuro de sus hijos e hijas, hace que tendencialmente ellas piensen más en el largo plazo que en los beneficios directos, mientras que muchos hombres buscan los beneficios directos de las negociaciones de la minería, por lo que suelen ser más cortoplacistas.

La participación de las mujeres ha sido fundamental en los procesos de resistencia, de denuncia y de negociación crítica con la minería alrededor del país, y debería ser promovido dentro de los espacios de nuestras organizaciones, como en los espacios de diálogo con el Estado o las empresas. Pues, las visiones de las mujeres complementan, enriquecen y a veces interpelan a las visiones de los dirigentes hombres. Sin embargo, muchas veces las dirigentas no solo han tenido que enfrentarse con la mina o con la policía, sino también con el machismo dentro de las propias organizaciones sociales. A menudo, las dirigentas más potentes tienen que lidiar con compañeros que no aceptan su liderazgo, con sus propias parejas que las quieren en la casa cumpliendo sus “deberes”, o con chismes malintencionados que buscan quitarles legitimidad. Más que una vez, los aliados de las empresas mineras colaboran gustosamente con ello, porque saben que sin el liderazgo activo de las mujeres las organizaciones son más débiles.

Una parte medular del paro indefinido que se aproxima a cumplir tres meses son sus mujeres. Son las que primero salen al frente si se trata de defender con arengas y vítores la agricultura de esta parte de la región arequipeña. Ellas se autoconvocan. No existe nadie que las obligue a protestar. Aseguran que con dirigente o sin dirigente seguirán luchando. Las mujeres de Islay han dejado sus labores domésticas para ponerse en primera fila en la defensa del Valle de Tambo que es la despensa de ese remoto rincón del país. Las decenas de mujeres que apoyan la protesta en Islay también son las que preparan las ollas comunes que reparten a todos los manifestantes antes o después de un enfrentamiento con los efectivos de la Policía

Hay otro grupo de mujeres más aguerridas que se suman a los hombres en los enfrentamientos con la Policía. Usan huaracas para lanzar piedras. “La tranquilidad llegará a nuestro valle cuando nos digan que Tía María no seguirá más”, dice Martha.

La gran importancia de la auto denominación de la marcha en Cajamarca como: “Todas somos Máxima: Por trabajo digno y liberación de nuestros cuerpos y territorios” está, por lo tanto, en visibilizar esta conexión tan potente entre las luchas por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Pues, afirma que el avance del extractivismo (la organización de la sociedad en función de la sobre-explotación de los recursos naturales) se sostiene en el patriarcado (la organización de la sociedad en función de los privilegios de los hombres). Que el capitalismo actual expropia nuestros cuerpos y territorios con estrategias parecidas, con el único fin de generar más ganancia económica.

Todo este sufrimiento y abuso expresa la incapacidad del gobierno que pretende imponer a sangre y fuego lo que a todas luces es inviable; las fuerzas de seguridad han hecho uso de fuerza excesiva, incluidas armas de fuego, contra los habitantes, y ha habido enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, cinco compañeros, esposos e hijos de mujeres del Valle han muerto, y cientos han resultado heridos, Amnistía Internacional ya lanzo una acción urgente por la violación a los derechos humanos y firma exigiendo investigación y justicia para las víctimas de la violencia siendo estas de total responsabilidad del gobierno de Ollanta Humala; demandamos que el gobierno declare suspendido el proyecto Tía María, el cese inmediato de la represión, el retiro de los efectivos policiales y militares de la zona, ni las balas, ni la persecución, ni la manipulación mediática lograrán detener a un pueblo digno y sus mujeres valientes que defiende sus derechos.

AGRO SI! MINA NO!

TIA MARIA NO VA!