Por: Samuel Zavala Salaverry

La coyuntura política hoy, al inicio del cuarto año del gobierno de Ollanta, es la renuncia a la promesas de “cambio” que lo llevaron al gobierno, la traición a los electores que vieron y se esperanzaron en el gran cambio que ofreció en su campaña electoral, a los cajamarquinos defender el agua y no el oro pero los ofrecimientos demagógicos se han evaporado una vez llegado al gobierno, y para ser fiel a sus amos: la burguesía y el imperialismo gobierna con la CONFIEP, la SNMEP y como fiel sirviente del imperialismo norteamericano es firmante e integrante de la Alianza del Pacífico.

Ollanta ha dado  paso al cinismo y la corrupción. Los casos de más de 300 alcaldes, de los presidentes regionales no habidos y detenidos, de los ex presidentes acusados (Toledo y Alan García) y de los continuos escándalos que rodean al Poder Ejecutivo, al poder Legislativo, son una muestra de ello. La política se ha establecido como un negocio para la derecha cavernaria en nuestra patria.

Como si fuera poco, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la PNP y la mafia que se ha instalado en el país son muestras fehacientes de la putrefacción nauseabunda que contamina todos los estamentos de la sociedad capitalista, a ello podemos sumar las mafias también en el movimiento social que campea a lo largo y ancho del país.

El gobierno de Ollanta ha promovido en el Congreso de la República a través del MEF, Castilla, la aprobación de un “paquete de reactivación económica”, lo único que buscan es incrementar mayores ganancias a empresas transnacionales y sus socios de la CONFIEP, con la reactivación económica profundiza el neoliberalismo que genera crisis, una crisis capitalista no por haber desarrollado las fuerzas productivas sino por ser un país de economía primario exportador, dependiente  de los precios y el consumo externo. En plena crisis climática con el casi agotamiento del agua por el calentamiento global y desaparición de nieves perpetuas y la realización de la 20 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP 20) a la que asistirán 194 países y 12 mil personas, nuestros puntos de vista sobre lo que significa el “paquete reactivador económico” en concreto.

Denunciamos que el “paquete reactivador de la economía” del gobierno, es para favorecer a las grandes empresas y contra los trabajadores, entre otros el paquete es: condonar deudas tributarias por más de S/. 22 mil millones de soles. Los grandes empresarios contribuyentes se han negado reiteradamente a pagar, son los que se benefician con esta medida al premiar su incumplimiento y reducir sus obligaciones tributarias.

Refrendar y extender el uso de Convenios de Estabilidad Tributaria para proyectos mineros, blindando a los grandes inversionistas al recortar las atribuciones del Estado en temas fiscales; estos convenios han sido rechazados a nivel internacional debido a su alto costo para los países subdesarrollados como el Perú.

Recortar atribuciones a las autoridades ambientales para fiscalizar y sancionar infracciones. Se recorta las atribuciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) que sancionaba cuando el medio ambiente se ve en riesgo y con el “paquetazo” que ya no sanciona excepcionalmente, sino recurre a medidas correctivas (se acaban las sanciones multas) y reducir a 45 días los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); con ello mayores facilidades para las empresas extractivas. Con ello habrá mayor enfrentamiento con las comunidades campesinas y nativas y mayores conflictos sociales.

Antes del “paquetazo” la entidad encargada de definir que  era zona reservada era el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, se crearán mediante D.S. aprobado por Consejo de Ministros; es una puerta abierta para que empresas realicen actividades (depredar los recursos medioambientales) en zonas de reserva.

Al Ministerio del Medio Ambiente le quitan la facultad de crear zonas reservadas y la traspasa al PCM, La intención de crear una zona reservada marítima en el norte del Perú -donde está proyectada la explotación de hidrocarburos- ha influido en este recorte de competencia y otras zonas que serán concesionadas. Ahora quieren que sea como Área Natural Protegida (ANP) ya no reservada.

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNANP) ha propuesto área protegida que abarca 200 mil Ha.  y se  circunscribe a 4 áreas: Ñuco, Cabo Blanco, Isla Foca y el Banco de Máncora.

Superpondrá a una concesión  de exploración o explotación de hidrocarburos.

Respecto a la conveniencia de que estas concesiones existan en sub áreas de amortiguamiento.

Se recorta las funciones, atribuciones de los organismos de fiscalización laboral, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL e Inspecciones Regionales de Trabajo) y la condonación del 50% de las multas por infracción a las leyes del trabajo, reducción de la pena de 5 a 4 años, que establece el art. 168-A del Código Penal, para los empresarios que por negligencia ocasionan la muerte de obreros en accidentes de trabajo.

Mutila la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo Nº 29783 con la finalidad de reducir costos laborales, afectando al proletariado minero metalúrgico que su labor es de alto riesgo; en lo que va del gobierno de Ollanta han fallecido en accidentes de trabajo más de 464 trabajadores, solo en el sector minero han quedado mutilados por accidente incapacitante más de mil mineros sin contar varios miles afectados por enfermedades ocupacionales.

Se extiende la periodicidad de los exámenes médicos a dos años, con ello los empresarios ahorrarán más de  1,000 millones de soles; es más, se aprueba la tercerización de la gestión de los servicios de SST con lo cual las empresas eluden su responsabilidad en la protección de la vida y la salud de los trabajadores. Violan la Constitución, se invierte la carga de la prueba, al obligar al trabajador a probar que el accidente de trabajo no se ha producido por su culpa para determinar la responsabilidad del empresario.

Prorrogan por 15 años los contratos de estabilidad tributaria para garantizar los privilegios de las grandes empresas nacionales y transnacionales, a pesar que la tributación minera en el año 2010 era de 21,1%, el 2011 de 24,7%, el año 2012 de 22,4% y se ha reducido el 16,5% en el año 2013.

Por lo señalado, exigimos al gobierno y el Congreso de la República que derogue la Ley del “Paquete de Reactivación Económica” por ser una ley que favorece  a las grandes empresas nacionales y extranjeras y en contra el país, en particular contra los trabajadores tal como señalamos en líneas arriba.

Es en estas condiciones que se realizará el XIII Congreso Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, FNTMMSP en la ciudad de Lima, del 20 al 23 de agosto del 2014, por lo que los Comités intermedios del Partido deben garantizar la presencia de delegados que sean militantes, amigos y simpatizantes. La Federación minera desde hace tres décadas es dirigida por elementos desclazados y propatronales, amigos de la SNMPE. Es oportuno que las Células y Comités del Partido inicien un trabajo sostenido con el proletariado minero metalúrgico siderúrgico, y/o retomar el trabajo que lo hemos abandonado. Tenemos algunos camaradas que aún quedan en las minas pero están al margen del Partido; es hora de retomar con audacia el trabajo de organizar Partido en la clase obrera minera metalúrgica; no hay tiempo que perder, manos a la obra.

Lima, julio del 2014