Por: Rolando Breña
Parece que las ocupaciones más importantes de los servicios de inteligencia bajo este régimen y sus mejores esfuerzos, se han dedicado a espiar opositores, disidentes, inconformes, críticos de fuera o dentro del nacionalismo, a investigar exposiciones de artes plásticas o hurgar en los argumentos de las obras de teatro presuntos contenidos o apologías terroristas.
No es exageración alguna, al contrario, es una afirmación real, decir que esas acciones son un símil descarado, burdo y torpe de los métodos de la dictadura del fujimontesinismo.
El Presidente de la República, en comunicado público leído personalmente, ha negado enérgicamente estas formas de utilización de los servicios de inteligencia para espiar o realizar reglajes. Obviamente la negativa era esperada. Ningún gobierno aceptaría nunca que espía y regla a quienes le son incómodos, menos éste cuya credibilidad se encuentra tan mellada por el sinnúmero de actitudes e inconsecuencias, insinceridades y deslealtades con las que ha regado estos tres últimos años. Humala además, llamó a una profunda investigación por el Congreso y el Ministerio Público y estaría dispuesto a “abrir” la DINI para poner a disposición la documentación necesaria, hasta la secreta y confidencial.
Suena poco convincente la argumentación presidencial de no participación ni conocimiento, pues existen elementos que las investigaciones periodísticas han puesto en evidencia, así como la probada participación de agentes de inteligencia en el reglaje, por ejemplo, de la Vicepresidenta de la República Marisol Espinoza. La voz presidencial se alza cuando este asunto adquiere ribetes de escándalo indetenible y amenaza envolver al gobierno en una crisis mayor, que en lo inmediato puede acabar con el Gabinete Ministerial. Es dudoso también que haya investigación objetiva e independiente. No es verdad que la DINI pueda poner a disposición de una investigación, aún sea parlamentaria, todo lo secreto y confidencial de los servicios de inteligencia. No es verdad que una investigación pueda ser realmente “abierta”, por propia naturaleza la inteligencia es secreta y no estará “abierta” sino en la medida en que el gobierno y la DINI lo consideren necesario; a pesar que los investigadores puedan tener la intención y la voluntad, siempre tendrán que sujetarse a información y documentación administrada interesadamente. No tiene ninguna significación mayor que sea la Comisión Parlamentaria de Inteligencia la encargada de esa tarea. Por un lado porque lo maneja el oficialismo y por otro, carece de los mecanismos y atribuciones que puedan obligar a la DINI y al gobierno todas las facilidades y los accesos necesarios y pertinentes.
Si aceptamos la negativa del gobierno, de todas maneras la responsabilidad es suya. Es el reconocimiento pasivo, resignado, tolerante o cómplice de la existencia de “inteligencias” privadas para espiar y reglar ciudadanos. El Presidente de la República lo ha confesado al pedir, casi suplicar, que los espías privados “no deben manchar” los trabajos y los logros de los servicios de inteligencia del Estado. Humala los acepta, los garantiza, tan sólo les pide “no manchar”. Ni siquiera los condena, menos los combate o llama a combatirlos. La “inteligencia” privada es un próspero negocio en el que tienen papel descollante precisamente ex miembros de los servicios de inteligencia con sólidos nexos con funcionarios gubernamentales.
La Primera Ministra ha condenado el reglaje a cualquier ciudadano, en particular a la Primera Vicepresidenta del gobierno. Esta declaración no es suficiente. Ella es la responsable política, pues su despacho tiene implicación directa en la DINI. Si, como parece evidente, es el gobierno quien está detrás de este espionaje y reglaje, no tiene más camino que su renuncia y la de todo el Gabinete. En el caso que, como argumenta el gobierno, son otros los responsables, también amerita su renuncia, pues no es explicable, menos justificable, que puedan operar impunemente organizaciones o bandas que manejen “inteligencias” paralelas, que no pueden tener sino objetivos ilegales y delincuenciales, habiéndolo transformado en un nuevo y lucrativo producto de la economía de mercado libre y su ley de la oferta y la demanda.
Observando estos hechos de la coyuntura política, como partes de la conducta general del gobierno en poco más de tres años de ejercicio, podemos llegar a una lamentable conclusión que ratifica la frustración nacional popular de las expectativas que el triunfo de Ollanta Humala generó: no solamente significa en lo económico y social una total entrega a los esquemas y modelo neoliberales, en pugna abierta con su prédica electoral y el apoyo del 33% de los ciudadanos a la “Gran Transformación”, convirtiéndose así en el primer tránsfuga del partido nacionalista; sino, termina aceptando y adoptando de buena gana los métodos autoritarios, dictatoriales y manipuladores de la dictadura fujimontesinista, cuya denuncia constituyó uno de los ejes de su victoria electoral. Y precisamente, con los métodos que Fujimori y Montesinos llevaron casi hasta la perfección, hace uso también de los servicios de inteligencia para espiar y hacer seguimiento a los políticos o a todo cuestionador de su gobierno, incluso, como precisamos, a miembros de su propio movimiento que se atreven a mostrar alguna independencia o criterio propio o reclamar de los principios y de las políticas primigenias.
Es, entonces, un gobierno doblemente perverso. Por un lado reniega y hace abandono de sus propios orígenes a los que debe su encumbramiento; y por otro, hace suyos los métodos y las formas de ejercer autoridad y gobierno propios de la dictadura de Fujimori y Montesinos.
