Por: Rolando Breña

Es indudable que la suerte está echada. La Legislatura Extraordinaria convocada por Ollanta Humala, en tácito reconocimiento a la derrota oficialista en las calles y en el Congreso, así nos lo indican. No solo los contenidos de la ley sobre el nuevo régimen laboral juvenil como su aspecto principal, ocasionaron la razonable oposición y movilización de los jóvenes y ahora de la mayoría de la población, como lo indica las encuestas, sino también su manejo absolutamente autoritario, torpe, desconocedor de las propias instancias y mecanismos que tenían la obligación de observar, y, esencialmente, el menosprecio de la opinión de los jóvenes.

La derogatoria debe ser el reconocimiento al elemento fundamental de toda democracia o todo estado y gobierno que se precien  de democráticos: la voz de  la ciudadanía, la opinión y el sentir de la población, en el caso presente, de los jóvenes del Perú.

Además, es una reiteración de algo que siempre se olvida, se menosprecia, se reprime o se pretende imposibilitar: el derecho a la protesta, a la movilización, a la lucha, a insurgir espontánea u organizadamente cuando se trata de defender, reivindicar o conquistar derechos.

Sin embargo, la derogatoria como victoria central no es suficiente en este contexto. Debe acarrear, además, la renuncia de los creadores, los sumisos instrumentadores y los cómplices por inercia de este entuerto. Es evidente que la primera Ministra no da más, y nunca estuvo en realidad a la altura de las exigencias del cargo como dócil instrumento de Palacio de Gobierno y con ella, como es natural, todo el Gabinete. Pero es bueno recordar al principal responsable de esta ley y de esta crisis gubernamental y de la protesta juvenil: el Ministro de Economía Alonso Segura, también al Ministro Freddy Otárola que olvidó que su Cartera era la de Trabajo. Ni hablar del Ministro del Interior que no requiere mayores razones, entre otros.

Esta columna se escribe antes de la votación en el Congreso sobre el destino de la llamada “Ley Pulpín”, y tenemos la seguridad de su derogatoria, sino fuera así, quizá ya no sería tan importante, los jóvenes han manifestado que no renunciaran a la lucha con el presumible apoyo cada vez más fuerte y abierto de la población, las organizaciones sociales y políticas opositoras al régimen laboral juvenil. Y a la larga, aun continuara vigente, posiblemente su aplicación sería impracticable y traería como consecuencia la ampliación de la derrota del gobierno, de la exacerbación de la protesta y la movilización y, como es fácilmente previsible, la agudización de la inestabilidad y la precariedad del gobierno.

TERNA – JOVENES Y ¿RIPLEY?

El Ministro del Interior al presentar hace algunas semanas al grupo policial TERNA, dijo de primera intención que era un grupo de elite, altamente preparado y entrenado, añadiendo orgulloso que la delincuencia “tiembla cuando oye hablar de TERNA”. Sin embargo cuando las investigaciones mostraron que sus afirmaciones eran jactanciosas y tremendistas, una pura fantasía y una tomadura de pelo a las exigencias de la ciudadanía sobre la inseguridad, cuando se demostró que estaba constituida por jóvenes adolescentes que no habían culminado sus estudios policiales ni su preparación, el Ministro con sus socorrida fanfarronería y locuacidad se vio obligado a reconocer que estos jovencísimos policías se dedicarían solo a delitos menores: bolsos, carteras, celulares. Hay dos capítulos posteriores.

El primero es la utilización del grupo TERNA para vigilar, infiltrar y reprimir a los jóvenes movilizados contra la legislación laboral juvenil. Es decir, jóvenes policías enviados a reprimir a jóvenes manifestantes. Se distorsionaron groseramente sus objetivos y funciones contra otros jóvenes que defienden sus derechos y sus esperanzas.

El segundo capítulo puede ser hasta humorístico, pero es lamentable y nos dice hasta donde llega la “criollada”, el incumplimiento por la violación de la ley. Resulta que, según denuncia un congresista, los integrantes del Escuadrón VERDE y del Grupo TERNA robaban agua, electricidad e internet. Sí, aunque resulte increíble. Según la denuncia en las localidades donde funcionan ambas organizaciones policiales en la región de Piura instalaron conexiones clandestinas y éstas fueron puestas al descubierto a raíz de las inspecciones respectivas, hecho además reiterativo según el denunciante y peor aún “pese a contar con los recursos económicos”. Éstas “Irregularidades” se encuentran principalmente en las localidades de Máncora y Castilla. Para no creerlo.