De la patria su petróleo. Lucha loretana para recuperar Lote 192 pone en agenda el rol estatal en la energía

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Por: Luis Gárate

Desde hace varios días el pueblo y las autoridades de Loreto se encuentran movilizados con la exigencia de que el Lote 192 sea entregado a la estatal Petroperú y sea esta empresa la que busque un socio estratégico que se encargue de su administración.

Esta demanda pone nuevamente en el debate el tema del rol del Estado en la economía y la posibilidad que se recupere el manejo soberano en un tema tan sensible y estratégico como la energía y la explotación de los hidrocarburos.

En Iquitos y distintas provincias de la región amazónica se realizaron vigilias y movilizaciones ciudadanas, que estuvieron atentos al debate del Pleno del Congreso a donde asistieron el primer ministro Pedro Cateriano y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. La decepción llegó después que el Ejecutivo rechazara el pedido del pueblo loretano. El pleno del Congreso de la República rechazó finalmente, gracias a los votos fujimoristas y el Apra, la moción que pedía la adjudicación del lote a la empresa estatal.

La ministra Ortiz señaló que la estatal se encuentra “imposibilitada de operar el Lote 192 desde los puntos de vista técnico, económico y legal”; además de que estaría concentrada en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). Esto a pesar que el actual directorio de Petroperú manifestó hace unas días la capacidad técnica y financiera de la empresa para manejar el ex Lote 1-AB y por 30 años, la ministra de Energía y Minas salió a desmentir al mismo directorio que ella colocó en reemplazo de un directorio que sí aprobaba ingresar a la explotación de petróleo.

La indignación loretana tiene antecedentes en más 40 años de penosas experiencias: contaminación, enfermedades, pobreza y sobre todo el olvido del Estado. El Lote 192 ha sido operado por la Occidental Petroleum (OXY) y luego tomado por Pluspetrol Norte, cuyo contrato termina este sábado 29 de agosto, y en donde hasta hoy nadie asume los evidentes pasivos ambientales que existen en la región.

Experiencias latinoamericanas

El economista Diego Mansilla, en su artículo sobre las petroleras estatales en América Latina, destaca la importancia de la participación estatal en la explotación de este recurso: “Los hidrocarburos representan uno de los insumos clave para la actual organización económica por lo que poseen una importancia estratégica para cualquier plan de desarrollo, crecimiento e industrialización. A esto se suma el hecho de que los hidrocarburos son recursos naturales no renovables con una muy desigual distribución geográfica.”

Asimismo señala el contexto en que se buscó privatizar las empresas: “En este marco, las grandes empresas petroleras estatales tienen un poder cada vez mayor. Nacidas luego de la “revolución de la OPEP” en 1973 y la ola de nacionalizaciones de la década del 70, las petroleras soberanas dominan la mayor parte de las reservas mundiales (…) Por tanto, se puede decir que en la actualidad el 90% de las reservas mundiales están en manos de petroleras estatales. Esto genera que las grandes petroleras internacionales (comandadas por las “7 hermanas” que actualmente se agrupan en 4) deban concentrar sus reservas en algunas pocas regiones (mayormente el Golfo de México y el Mar del Norte) o limitarse a operar como socios minoritarios de las petroleras estatales.”

Al interior de América Latina, si bien la región es exportadora neta de petróleo y energía en general, la distribución del recurso es también desigual. Venezuela se encuentra entre las potencias petroleras mundiales, Brasil llegó recién en el año 2006 a la autosuficiencia petrolera. Estos dos países, junto con México acumulan el 90% de las reservas petroleras de la región. En los tres, el mercado petrolero está dominado por sus petroleras estatales PDVSA, Petrobras y PEMEX, respectivamente. Mientras tanto, la mayor parte de los países de la región son importadores netos de energía, aunque en muchos de ellos el papel de las empresas estatales es central.

Mansilla nos hace recordar el impacto negativo que tuvieron los planes de reforma de los organismos multilaterales en los 90. Uno de los principales objetivos de este plan desindustrializador y dependiente fue el sector hidrocarburífero. Tanto el FMI como el Banco Mundial presionaron por la “apertura” y “eficiencia” en los mercados de petróleo y gas que significaba la privatización de las empresas estatales y la derogación de las regulaciones de cada país, permitiendo que las petroleras internacionales tuvieran la libertad de obtener ganancias extraordinarias.

El objetivo de las reformas era quitar todo carácter de bien estratégico al petróleo y a la energía en general. Su único valor debía ser el valor económico, desconociendo sus características de recurso natural no renovable e insumo económico básico.

En el caso peruano sobre el manejo del Lote 192, hay varias dudas sobre la opción tomada del gobierno de Humala. Como señala una editorial del portal de Servicios Educativos Rurales: “¿qué garantías tenemos los peruanos y peruanas de que la empresa Pacific Rubiales pueda cumplir con las obligaciones ambientales y sociales respecto a los pueblos indígenas? ¿Qué estudios o planes ha presentado la empresa para convencer al país de su capacidad? ¿Qué piensa hacer el gobierno con las federaciones indígenas que no aceptaron el fondo social? Son preguntas que a este gobierno no le interesa contestar, ya que lo único que busca es seguir entregando nuestros recursos naturales, sin medir las consecuencias de sus decisiones.”

Está claro que solo fueron promesas al aire las de Ollanta Humala en campaña, porque no ha existido la voluntad política de fortalecer el rol estatal en el manejo de los recursos naturales, en especial en el sector hidrocarburos. Claramente hubo un sector parlamentario del nacionalismo que quiso sacar adelante la ley, pero sin aval del ejecutivo. También hay que denunciar a las fuerzas neoliberales como el fujimorismo y el Apra que no tienen la intención de avanzar en ese sentido. Una política nacional y seria de soberanía energética pasa por darle capacidad a la empresa estatal de petróleo, como lo demuestran los principales países del mundo y en la región.