Por: Carlos Castillo Peralta

Una característica estructural de la sociedad peruana es la concentración del poder político y económico, lo que ha generado un profundo desequilibrio entre Lima y el interior del país. Lo que explica también la migración masiva de los pobladores del interior y el crecimiento hipertrofiado de la capital de la República, que sigue siendo el gran mercado, mientras los pueblos del interior conviven con el atraso, condenados a la explotación de sus recursos naturales sin control sobre ellos. Se pone así en evidencia que la exclusión social y económica tiene también una dimensión territorial.

La descentralización en el Perú es otra reforma inconclusa. La forma centralizada y autoritaria de ejercicio del poder es un lastre que arrastramos desde la colonia. No obstante, la exigencia por transformar esta realidad está presente desde los inicios de la República, en la cual se planteó el debate entre centralismo y federalismo. Desde entonces y hasta nuestros días, las clases dominantes no han tenido la capacidad y/o la voluntad de construir un proyecto de desarrollo inclusivo. Por el contrario han bloqueado y frustrado los diversos intentos descentralistas.

Desde hace más de dos décadas, el tema de la descentralización se puso en la agenda política de muchos países latinoamericanos. Sin embargo, la experiencia peruana es sui géneris por haber emprendido, desde el regreso a la democracia luego del gobierno de las Fuerzas Armadas, dos procesos de descentralización de que carecieron de coherencia y sostenibilidad. Avances, retrocesos y muchas frustraciones han sido el resultado predominante en esta etapa.

El primer proceso de regionalización fue propuesto por la Constitución de 1979, como una característica fundamental del Estado peruano, lo que reflejaba el consenso, por lo menos «para las cámaras», de las diversos sectores políticos democráticos. Es en el largo y trabado proceso de implementación de la regionalización que se expresaron las resistencias del poder político y económico. Se generó una dinámica desarticulada e intermitente, que reflejó la poca disposición de los gobiernos democráticos de los ochenta y de la oposición conservadora para avanzar en esta reforma.

Fue durante los últimos años del primer gobierno de Alan García (1985-1990), en medio del caos y la zozobra económica y política –como una forma de establecer una fuente de poder alternativo y con la esperanza de ganar algunas elecciones a este nivel–, que el régimen aprista promulgó las leyes para la creación de once regiones (20-01-1989). Sin embargo, debido a lo apresurado e improvisado de su creación, los gobiernos regionales carecieron de recursos fiscales propios, así que tuvieron que depender de la bondad del gobierno central.

Esta primera reforma, de la cual «nunca se ha hecho un balance serio», fue interrumpida abruptamente por el autogolpe de Fujimori (1992), para dar paso a un proceso de recentralización autoritaria, mediante el cual se impulsó –con el respaldo de las clases dominantes– la aplicación a ultranza del modelo neoliberal, aplicando las recetas del Consenso de Washington.

Tras la huida del dictador y su renuncia por fax desde el Japón (19-11-2000), y después de un gobierno de transición dirigido por Valentín Paniagua, el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) mediante una Reforma Constitucional (06-03-2002) –pues en el marco jurídico autoritario era impensable– establece la normativa del segundo proceso de descentralización. En este nuevo contexto no se retoma ni se reformula el Plan de Reorganización Territorial adoptado en los años ochenta. Por el contrario, se reproducen los actuales departamentos en jurisdicciones políticas-administrativas «autónomas» denominadas gobiernos regionales (GORE). En total se crean 26 gobiernos regionales (uno por cada departamento y uno por la Provincia Constitucional del Callao, y se le dio a la Municipalidad Metropolitana de Lima rango de gobierno regional). Con la elección democrática de los Presidentes Regionales y de sus Consejeros se pasó del diseño de la reforma a su implementación. Sin embargo, el diseño y modo de proceder, así como la predominancia del carácter político administrativo de la reforma, en detrimento de sus dimensiones económicas y fiscales, contribuyen fuertemente a que la descentralización sea percibida todavía como alejada de la gente.

Los avances en el proceso de descentralización han sido lentos fundamentalmente por razones políticas. De alguna manera esto explicaría que durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se haya postergado sistemáticamente la implementación de algunos aspectos importantes vinculados al desempeño de los gobiernos regionales y gobiernos municipales (por ejemplo, la descentralización fiscal o una mejor definición de las competencias del gobierno central en relación con los otros niveles de gobierno). Podría explicar también el hecho de que el actual gobierno de Ollanta Humala, luego de una serie de promesas y declaraciones durante la campaña y sus primeros meses, no parezca estar particularmente interesado en esta reforma. Por el contrario, a raíz de las recientes denuncias de corrupción –que comprometen a varias autoridades regionales– algunos actores políticos plantean la necesidad de recentralizar el Estado.

Fuente: https://divagando.lamula.pe/2014/03/14/apuntes-sobre-la-descentralizacion-en-el-peru/ccperalta/