Por: Marco Sipán Torres

La primera década del siglo XXI nuestra América Latina ha estado marcada por la emergencia y la trascendencia de las luchas sociales y los movimientos populares que han alcanzado incluso gobiernos en varios países. Se trata, sin lugar a dudas, de una década en movimiento[1]. El Perú no está exento a este impulso de la protesta social, de la emergencia y reactivación de conflictos sociales que expresan una crisis de representación dentro del marco democrático actual[2]. Y cuya atención debe involucrar a la política como un proceso de reconocimiento sociocultural y como participación democrática en las decisiones colectivas de cada localidad[3]. La participación de los Movimientos Sociales en las decisiones dentro de la institucionalidad del Estado, es un proceso de democratización que se ha venido alcanzando mediante la lucha social e intenta romper la hegemonía neoliberal dentro del Estado, convirtiendo a este – también – en un campo de lucha[4].

El sistema -mundo- moderno[5] exige una gran demanda global por los recursos minerales y energéticos (petróleo y gas natural). América Latina ha basado su crecimiento en estas últimas décadas, en las actividades extractivas de estos recursos que tienen como destino los EEUU y Europa, pero no cabe duda que el mayor mercado en estos momentos, es la República Popular de China[6]. Si bien la historia de América Latina está vinculada a la exportación de materias primas desde la época de la colonia, la implementación del neoliberalismo en la región en la década de los ochenta y noventa establecieron un tipo de modelo de desarrollo[7] para nuestros países (con un marco jurídico que garantizó ello) hizo primar la extracción de recursos naturales, consolidando la continuidad del colonialismo.

La implementación del modelo neoliberal comandado por los funcionarios de organismos multilaterales (OMS, FMI, BM, BID, entre otros) junto a las élites locales condicionaron la reestructuración  del capitalismo en el país, uno de sus grandes impactos proviene de destinar a las funciones del Estado – que se habían establecido como derechos por las luchas sociales de décadas atrás – una ubicación en el mercado, convirtiendo a los beneficios sociales públicos en mercancías. Los sectores de salud, educación y el sistema de pensiones, por un lado; servicios de telefonía, agua y luz por otro, se convirtieron en amplios nuevos mercados y donde se establecieron nuevas formas monopólicas, generalmente.

Estos cambios en la economía establecidos en tres décadas han registrado un crecimiento macroeconómico diferenciado en nuestros países, pero a su vez ha generado mayores desigualdades en nuestras sociedades latinoamericanas y momentos de grandes crisis que crearon respuestas desde la ciudadanía, las comunidades y grandes sectores de excluidos, con virajes hacia gobiernos progresistas post neoliberales (Venezuela, Bolivia y Ecuador), que sin embargo vienen manteniendo las actividades extractivas como fuentes de ingresos para financiar las políticas sociales.

El presente trabajo  intenta tener un análisis múltiple de los conflictos desde la problematización de actores: la Empresa, el Estado y la Coalición Social, además plantea la hipótesis de estos conflictos como procesos potenciales para el cambio institucional como parte de la implementación de la Refundación de la Republica[8]. También se intenta de manera sucinta dar una perspectiva comparada con los países de Ecuador y Bolivia.

Nuestra orientación nos impulsa a buscar los mecanismos que permitan construir el dialogo[9], así como marcos de reconocimiento en los aspectos socio-económicos culturales de los pueblos y las formas de institucionalización para dar participación democrática a la gente en la toma de decisiones colectivas. El entendimiento de estos mecanismos, marcos y formas son esenciales dentro de la política de implementación de la Refundación de la República del Perú como proceso de transformación del Estado dirigido desde una propuesta de nueva hegemonía popular nacional.

1. 1.    El diablo se llama “extractivismo”

El extractivismo es comúnmente vinculado a la actividad minera, pero en realidad es una actividad que es realizada, generalmente, por una empresa extranjera para extraer un recurso determinado como los minerales o el petróleo, que en su gran mayoría son materias primas (el recurso se elimina dentro de su entorno natural), luego es vendido en el mercado, por lo general, internacional. Es el Estado quien permite a través de contratos de concesiones que las empresas comiencen a explorar y posteriormente a extraer, y se beneficia a través del cobro de impuestos. Y con el efecto que se denomina – por la tecnocracia neoliberal – como “goteo” (se supone hacia abajo), pretende generar un sentido común argumentando que otras actividades económicas se ven beneficiadas por la circulación del dinero y la ciudadanía también.

La economía del país, cuyo indicador más resaltante es el PIB[10], crece gradualmente a medida que los recursos no explotados anteriormente se integran en el proceso económico. En las últimas décadas se presenta una proliferación de formas complejas de la financiación, como la titulización de deudas o hipotecas, entre otras.

El “extractivismo” es dependiente de la economía financiera y los mercados internacionales. Su producción transita por un proceso de doble extracción: el primero consiste en tomar los recursos que poseen los territorios y el segundo es el de exportar los recursos fuera del país productor. El dinamismo económico se basa entonces en esta dualidad entre extracción y exportación. En cierto modo es el resultado de la promoción de un crecimiento basado en las exportaciones (export-led growth), que en los años 1980 y 1990, alentó a los países a confinarse en un sector de la economía designado como ventaja comparativa[11].

El crecimiento basado en la exportación se ha realizado sin la preocupación por el desarrollo de una estructura industrial para diversificar la economía y sustituir importaciones. El “extractivismo” simplifica aún más este enfoque, ya que no tiene en cuenta el desarrollo de una industria nacional e identifica simplemente lo que vende más caro en los mercados internacionales para realizar la extracción y exportación[12]. Este tipo de desarrollo se realiza sin una reflexión seria sobre el ambiente lo que ha ocasionado alteraciones en los territorios y graves impactos ambientales, así como conflictos con las comunidades indígenas y las poblaciones locales, en los lugares donde se han establecido los grandes proyectos de extracción. Producto de la violencia de los enfrentamientos entre los actores en disputa de estos recursos ha habido sucesos trágicos, la perdida de vida de muchos pobladores y policías, así como daños materiales, estancamiento de las actividades locales, una alta desconfianza hacia el estado y de las industrias extractivas.

El “extractivismo” es visualizado de dos maneras: para sus defensores  es una oportunidad para desarrollar nuestros países, para los críticos es una amenaza para el ambiente y el ser humano. En el Perú el “extractivismo”, más allá de los empresarios vinculados al sector, es defendido por los políticos neoliberales, los organismos multilaterales, el staff de tecnócratas que ocupan las instituciones estatales y las grandes empresas de medios de comunicación que se han puesto al servicio de la gran minería y que caricaturizan los conflictos con lo cual no generan un serio debate sobre las políticas públicas que deben regular esta actividad.  Los críticos a esta forma de defender el “extractivismo” vienen desde diferentes sectores políticos, en especial desde los territorios subnacionales, así como espacios académicos, comunidades campesinas e indígenas, poblaciones urbanas locales, ongs, etc., que fundamentan que esta actividad no genera valor agregado y produce la sobrevaluación de la moneda nacional, reduce la competitividad de los otros sectores de las economía nacional, aumenta la vulnerabilidad ante la oscilación de precios, muestra características de enclaves (espacios modernos y desarrollados en las industrias dedicadas a la actividad, pero marginación y pobreza en el resto del país), genera rentísmo, ya que termina distorsionando el sistema político hacia la captura de esas rentas, produce conflictos violentos para apoderarse de las mismas y surge de un estado que responde a los intereses de las empresas extractivas antes que a sus ciudadanos.[13]

El contexto nos muestra que no hay una expresión continental no extractivista en los países, además de la fragilidad de las sus instituciones.  Estamos frente al periodo más prolongado de democracia en América Latina, sin embargo siendo una región democrática somos la más inequitativa del planeta[14].

No obstante, el “extractivismo” dio un nuevo rostro en América Latina después de la elección de una serie de gobiernos progresistas, donde se viene asumiendo participación de la producción con mayor regulación y mayor recaudación de la renta que permite financiar grandes proyectos de infraestructura y programas sociales.

1. 2.    Los conflictos sociales como experiencias y esperanzas democratizadoras 

El conflicto social surgido alrededor de las industrias extractivas, en especial las mineras, es percibido desde algunos espacios académicos con un rol potencial,[15] esto es, ser la fuerza transformadora para cambios en la relación estado– movimiento social. Desde este punto de vista, en el cual nos adherimos, los conflictos son los precursores de un cambio institucional que puede lograr un nuevo arreglo institucional progresivo.

Pensar a los conflictos sociales como potenciales para un cambio institucional, es decir la instauración de una Nueva República, puede ser simple entusiasmo, necesitamos una mirada empírica ha algunos casos. En el país, la expansión de proyectos extractivos generó muchos conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo viene presentando una serie de informes, por ejemplo, en su observatorio de conflictividad (informe N°156) son 221 los conflictos, de los cuales los socio-ambientales ocupan el 64,7%[16] (143 casos) que son los que están relacionados justamente a la industria extractiva. Estos reportes son producidos tras un estudio que se conecta de manera directa con los casos que son denunciados por las Coaliciones Sociales, con lo cual la Defensoría interviene (adecuada o limitadamente) antes que estos conflictos se agudicen y puedan llegar a generar violencia, aunque algunas veces con poco éxito.

El diálogo entre los actores para generar soluciones debe ser el sentido que los movimientos sociales trasladen a la institucionalidad estatal, con lo cual sus experiencias son fundamento de esperanza para transformar el Estado. Poder plantear mecanismos de dialogo que buscan resolver estos conflictos, generar nuevas instituciones que brinden confianza para poder enfrentar este fenómeno, debe ser un compromiso con la cual se organice la nueva institucionalidad estatal.

La experiencia en las áreas, departamentos u oficinas de resolución de conflictos en los gobiernos regionales que se vienen implementando, desde luego con limitaciones, son espacios que los conflictos sociales han dado apertura y que con su participación deben ser entes democratizadores.

La presión social que impulsan las Coaliciones Sociales exige mejores parámetros para la regulación de la actividad extractivista. Definitivamente esto es una respuesta política que ha sido implicado por los conflictos y está generando dinámicas movilizadoras en los territorios en torno a los coaliciones organizadas que buscan mejoras en la redistribución de la renta de la extracción de los recursos del subsuelo o también buscan el reconocimiento como poblaciones o comunidades indígenas y ciudadanos (con derechos civiles y políticos), también se busca ser considerados en la participación dentro los grupos de interés para las estrategias de desarrollo de sus territorios, ha esto nos referimos como experiencia esperanzadora para la implementación de una nueva institucionalidad. A comparación de lo que sucede en la actualidad donde, desde el Estado, estos elementos no se evalúan de manera adecuada, por lo que si no se dan estos tres elementos: redistribución, reconocimiento y participación, los cambios no son sostenibles. Por eso una nueva institucionalidad debe garantizar una gestión con funcionarios de los diferentes niveles estatales que tengan una mirada amplia con conocimiento de la historia, la memoria y la cultura local.

Sobre las evaluaciones de la situación actual de la conflictividad social desde el Estado y la prensa pro neoliberal, se cree muchas veces que los actores tienen claras las cosas (conspiración contra el sistema), pero salvo la empresa (debido que su único objetivo es la renta), ni el Estado ni la Coalición Social saben que es lo que quieren, no tienen la salida clara (estrategia de solución), es más, dentro de ambos existe oposiciones en las decisiones que alcanzan fricciones de alta intensidad.

Una rápida mirada a los gobiernos progresistas en la área andina como son el Ecuador[17] y Bolivia; nos advierte en el primer caso el presidente Rafael Correa, en los primeros años de su gobierno expresó su oposición a las actividades extractivas, fue respaldado por las organizaciones que agrupan a los pueblos originarios, convocó a la realización de una nueva constitución donde se reconocían derechos a la naturaleza y se estableció el mandato minero, posteriormente tras el declive del sector de hidrocarburos, el gobierno ecuatoriano urgiendo por fuentes de ingreso a iniciado la exploración del Yasuni, donde viene construyendo la infraestructura para comenzar la extracción del petróleo dentro de la amazonia, y está redactando decretos legislativos para sustituir el mandato minero. Las organizaciones indígenas, ongs y algunos grupos de izquierda han salido a protestar en diferentes oportunidades y han sido reprimidos por las fuerzas policiales. El gobierno ecuatoriano a empoderado a la empresa estatal de hidrocarburos para que sea a través de esta en cooperación con empresas extranjeras las que comiencen a operar, así como a establecido el fortalecimiento de instituciones estatales que controles las actividades extractivas. Sin el impuesto de los hidrocarburos difícilmente podría generarse el presupuesto que sostiene el proceso de reformas (ingreso, construcción de infraestructura, reformas de salud, educación, programas sociales) que está habiendo en el Ecuador. En la misma línea Evo Morales líder indígena, cuyo ascenso al gobierno fue producto de innumerables movilizaciones indígenas que constituyeron el Movimiento al Socialismo y lograron alcanzar la presidencia con amplia mayoría[18], sin embargo luego de la nacionalización de algunas empresas dedicadas a la actividad extractivas junto a consorcios internacionales en especial brasileños viene expandiéndose en territorios que son reclamados por las comunidades indígenas que apoyaron a Evo y las cuales ahora se ven enfrentadas a su gobierno. EL gobierno de Evo ha acusado a las ong´s y algunos líderes indígenas de ser parte de la derecha y de la estrategia divisionista del imperialismo[19]. Y ha mencionado que si no quieren que haya extracción del gas, entonces tampoco habrá programas sociales. En ambos casos existe un fuerte empoderamiento del estado en la actividad extractiva y la consideración de los gobiernos como actividad importante para el desarrollo de sus países.

La experiencia en el Perú, parte desde contratos de estabilidad jurídica que exonera de impuestos a las industrias extractivas, iniciándose en la década del gobierno de Fujimori y que perduran hasta la actualidad[20]. Hasta el reconocimiento público del ex presidente Alan García de considerar las poblaciones de los territorios andino-amazónicos como ciudadanos de segunda categoría[21] que impiden en desarrollo del país al oponerse a las industrias extractivas. En el país, las organizaciones indígenas no están organizadas con el nivel que en Ecuador y Bolivia, sin embargo los datos electorales y algunos pronunciamientos de dirigentes populares mostraron el apoyo a Ollanta en el proceso electoral del 2011, quien al ingresar a la presidencia, dio un giro a su programa inicial (denominado la Gran Transformación)  y estableció la continuidad del modelo neoliberal[22], en ese sentido tenemos un estado alejado de las poblaciones locales y las comunidades, con débil institucionalidad e incapaz de controlar y regular a las empresas extractivas, tampoco se cuentan con empresas extractivas estatales y no pueden ser constituidas por mandato constitucional. Además muchos de los funcionarios que se encuentran en el área del estado que deben negociar con las industrias extractivas provienen de haber trabajado para estas, distorsionando la institucionalidad estatal, que es uno de los factores generan los conflictos.

Podemos considerar que debido a los conflictos sociales alrededor del “extractivismo” se ha generado (incluso ha ayudado) a la reorganización de los grupos sociales, un ejemplo de esta articulación es el conflicto Conga, donde los focos locales de resistencia a la minera (reconociendo las historias de las rondas como organizaciones sociales) se han articulado como una coalición en la que incluso el gobierno subnacional, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, ha estado involucrado en el conflicto en contra de la implementación del proyecto minero Conga. Esto se había visto ya en Tambo Grande y en Majas. El movimiento social surgido de este contexto, ha aprendido formas de negociación con el Estado. Sin embargo hasta la actualidad el Estado utiliza una estrategia de primero dar la concesión, imponer el proyecto a través de la policía y cuando surge la resistencia social, ejerce represión para recién poner una mesa de diálogo y entablar un acercamiento a la población, esto ha dado un giro debido a la presión social con la promulgación de la ley de consulta previa, sin embargo la presión de los agentes neoliberales más radicales han frenado la aprobación del reglamento que impide el cumplimiento de dicha ley.

Deberíamos tener algunos trabajos etnográficos realizados desde los diferentes organismos del Estado para ver esos vaivenes y las oposiciones dentro los mismos, examinar las limitaciones y capacidades de los funcionarios que están relacionados con este fenómeno,  para poder entender sus narrativas e imaginarios y las presiones de los propietarios de las industrias extractivas que les reduce márgenes de actuación y decisión, considerando también las relaciones de poder en los espacios locales y regionales. En muchos casos tanto en Ecuador, como en Bolivia antes de ser funcionarios estuvieron en los espacios de resistencia contra el “extractivismo”.

Algo que debe considerarse dentro del fenómeno de los conflictos sociales es que existen dentro de la coalición social fricciones, en especial el de las agendas locales, que se posicionan antes de las agendas globales, y por ello se puede, por parte de los dirigentes locales (son más pragmáticos), llegar a negociaciones más rápidamente,  en tal sentido hay una relativización de la idea de contaminación. La plataforma de la contaminación sirve porque ha construido un imaginario de “mala reputación” de las industrias extractivas con respecto a los problemas ambientales. Esto pone en duda la afirmación perse de que la población local y la comunidad indígena tienen innata conciencia ambiental. Es por ello falsa la Idea de que los actores sociales tienen ideas definidas es por ello que reaccionan, en su mayoría, a los escenarios que se presentan, tienen un sentido pragmático y negocian de manera diferente en cada momento. Las empresas, de igual forma tienen posiciones diferentes sobre la responsabilidad social, hay algunas que tienen en esa área a un personal de seguridad, mientras que otras tienen 20 especialistas.

Los conflictos sociales son una vía a la inclusión a la vida política de los diferentes actores locales. Muchos dirigentes de Coaliciones Sociales  han asumido instancias de gobierno subnacional como Francisco Ojeda líder del frente de defensa de Tambo Grande, dos veces alcalde. Wilson Ibáñez, líder de Hancabamba, alcalde provincial. Carlos Martinez, cuatro veces alcalde de San Ignacio y líder del frente por el desarrollo de la frontera norte. Oscar Moquehuanca alcalde en Espinar, Gregorio Santos presidente del gobierno regional de Cajamarca, reelegido para un segundo periodo, y varios que provienen del magisterio nacional.

Se reconoce como un riesgo que se termine institucionalizando el uso de la violencia para reclamar derechos ciudadanos. Y eso nos demuestra la invisibilización que existe hasta hoy a las pueblos de los territorios andino -amazónicos. El “extractivismo” es un tema que se analiza de manera interesada  porque formula el debate de qué tipo de desarrollo le conviene al país. Y a fin de cuentas son un pequeño grupo quienes se benefician hoy del “extractivismo” a costa de perjuicios de otros. Es por eso que los conflictos están planteando cambio en la manera de gestionar los recursos, pero eso no está claro aún. Estos escenarios de “transición” son reconocibles por que existen grupos de interés que no quieren cambios.

1. 3.    Hacia la Refundación de la Republica

Los cambios que se requiere en el país para la instauración de una Nueva República, soberana, democrática, popular, descentralista y de regeneración moral, comienza por generar confianza de los pueblos de nuestro territorio hacia el Estado.

Una Nueva República debe contar con instituciones estatales que estén orientadas por la política del reconocimiento a los actores sociales, entendiendo la importancia de su histórica y de las relaciones y formas políticas dentro de los territorios. Una nueva institucionalidad con un nuevo sentido de la gestión estatal, debe entender las trayectorias y objetivos de los dirigentes dentro de las Coaliciones Sociales, problematizarlo como actor social para comprenderlo, entender que tras el conflicto contra el “extractivismo” existen trayectorias complejas, con reivindicaciones más profundas que la redistribución de la renta extractiva, que lo que buscan es romper la invisibilidad del Estado hacía estos sectores. Los organismos y los procedimientos gubernamentales deben reconfigurar la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales que representan de manera directa a las poblaciones locales y que se ven inmersos en los conflictos. Los conflictos no son negativos, son manifestaciones de irregularidades en la relación entre el Estado y la Comunidad. Los actores políticos nacionales deben contribuir a este debate, para poder entender dinámicas del cambio institucional a largo plazo y con proyectos concretos.

No puede haber cambio institucional que incluya a los sectores en protesta, dentro del marco democrático, sin reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y sin plantear un Proyecto de Desarrollo Nacional. Esto es un conjunto de acciones de envergadura nacional que garantice el buen vivir de todos los peruanos y en especial de los que habitan las zonas andino-amazónicos. El Proyecto de Desarrollo Nacional tiene que ser construido en amplios espacios de participación con todas las organizaciones sociales. Y esto no debería quedar como un planteamiento, sino debe de ser una decisión política con acciones concretas desde el Estado y con metas fijas. Construir una institucionalidad creíble y a la vez que tenga la capacidad de decidir las políticas generales de infraestructura para el desarrollo de las actividades económicas y de generar el dialogo con las relaciones de políticas de las comunidades, así como establecer coordinadamente las políticas de promoción de canales comerciales de productos, el  remapeo y zonificación económico-social, redirigir el modelo de desarrollo de la extracción y las mejoras en la redistribución de la riqueza nacional, todo esto posible con la instauración de un Gobierno Nacional democrático, progresista, popular y de regeneración moral. El cual tenga la intención de generar un nuevo escenario, con nuevas respuestas a los problemas nacionales, entendiendo que cada conflicto tiene distintas poblaciones en todo el país y son distintos los momentos, siendo flexibles a los casos específicos, pero generando un nuevo contrato social entre todos los peruanos que debe expresarse en una Nueva Constitución.

Un debate inteligente de parte de los pueblos de los territorios y la ciudadanía en su conjunto debe borrar el imaginario de las élites, que miran a las zonas andinas-amazónicas como paisajes despoblados. Cualquier modelo de desarrollo que implique una territorialidad tiene que entablarse en base a una relación coordinada entre el Estado y grupos organizados, donde la industria extractiva debe tener asignado un rol en el desarrollo local, para superar conflictos y democratizar nuestra sociedad.

Esta perspectiva del cambio institucional debe preocuparnos para actuar con urgencia (pero sin desesperación) y no entrar en una espiral viciosa, donde los conflictos cada vez sean más violentos

Estas grandes reformas: Nueva República, Gobierno Democrático Popular, Proyecto de Desarrollo Nacional y Nueva Constitución no pueden ser vistas como amenazas, por lo tanto debe abrirse  el debate y la reflexión que ayude a la democratización de nuestro país. Deben buscarse los mecanismos jurídicos adecuados para poder romper los candados de los tratados comerciales internacionales que priman la actividad a favor del modelo neoliberal es por eso la necesidad de anteponer la visión del país que se quiere para los próximos años desde una mirada de los ciudadanos, donde la actividad extractiva sea una palanca para impulsarnos y no una traba para rezagarnos.

Sin embargo, vemos que las narrativas que se vuelven institucionalizadas, son los discursos en la que los grandes causantes de los conflictos sociales son “los extremistas y ongs internacionales” argumentando un gran complot antinacional. La producción y reproducción de estas narrativas por parte de los medios de comunicación no ayudan al diálogo y más bien, exacerban los ánimos de los diferentes actores.

Muchas veces lo actores sociales no tienen muy claros los tipos de cambio que quieren, un proceso de gran dialogo político nacional permite construir socialmente una idea colectiva de desarrollo. Un debate institucional inteligente he informado debe hacer entender a los empresarios nacionales que estos cambios al mediano y largo plazo les beneficiaran a ellos y a todos.

Alberto Flores Galindo decía: “Una voluntad política no es sinónimo de mesías. Es el resultado del encuentro entre ideas, programas, planteamientos y fuerzas sociales capaces de llevarlos a cabo”[23].

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