Por: Rolando Breña
La Primera Ministra ha convocado a un diálogo “franco por la gobernabilidad”, a los dirigentes de los Partidos políticos representados en el Congreso. Lamentamos decir que, aunque Ana Jara pudiera tener la voluntad de creer en tal diálogo, es demasiado tarde, además, que las experiencias con el gobierno no son precisamente de las mejores. Solamente cuando el régimen se halla con la soga al cuello llama a conversar, sabiendo de antemano que a la larga será solo una finta para embaucar incautos, demasiado crédulos o jugar a democrático con el auxilio de ciertos amigos o aliados. Una vez que la tormenta amaina o parece amainar, vuelve a las andadas y el autoritarismo se pasea por el país “como Pedro por su casa”. La mejor demostración de lo que afirmamos, es precisamente lo acontecido con la derrotada “Ley Pulpin”; ahora que se sienten aislados y con su hogar en sismo constante con la posibilidad de derrumbe, se acuerdan de los diálogos, la gobernabilidad, la democracia.
Pero éste no es un asunto solo de la Primera Ministra, incluso ella con todo su cargo y autoridad, podría decirse que es también víctima propiciatoria en el ara de sacrificios nacionalista y de Palacio de Gobierno. Bien es cierto que podíamos afirmar que la señora Ana jara no estaba para el premierato, pero es también cierto que la pareja Presidencial nunca buscó realmente un Primer Ministro, sino un secretario o simple ejecutor, mensajero o personaje fantasmal bajo la inmensa sombra dominante y absolutista de la Presidencia de la República y de la señora Nadine Heredia.
A nuestro entender, este presunto o posible diálogo nace tan muerto como la “Ley Pulpin” y conocerá similares exequias.
Ana Jara convoco a los “lideres” de los partidos. Preguntémonos: ¿Qué representan hoy tales líderes? ¿Un “acuerdo de gobernabilidad” con ellos es garantía de algo? ¿Los partidos tienen predicamento en la opinión pública, en la población, en los jóvenes que irrumpieron triunfalmente en calles y plazas? ¿Sus acuerdos influirán decisivamente en la coyuntura, en luchas y reclamos populares?. Lo dudamos.
Quizá, esto también estaría por verse, podrían suavizarse los encontrones callejoneros en el congreso. Pero con tanto adicto a los insultos y a la casi desenfrenada coprolalia parlamentaria y ministerial, suena a casi imposible.
Por otro lado, en el Perú, para la “gobernabilidad” solo existen dirigentes y líderes políticos a los cuales convocan la Primera Ministra. Obviamente para el gobierno no existe lo que algunos llaman la Sociedad Civil. No existen los trabajadores, el pueblo ni sus organizaciones representativas. Ellos, nosotros, debemos esperar las decisiones de la llamada “clase política” que realizan sus conclaves en la estratosfera para definir nuestros destinos.
En suma ¿Cuál diálogo?. Recurriendo a un lugar común, el llamado de Ana Jara a nombre del gobierno representa algo así como el Canto del Cisne, su suerte está echada. Es la historia de una defunción anunciada.
Lo que debiera estar a la orden del día no es precisamente un dialogo tardío e inconducente, sino el licenciamiento del gabinete ministerial. No es, reiteramos, un asunto de Ana Jara, es el conjunto de Ministros que tiempo ha debió renunciar. Hay Ministros que han hecho meritos más que suficientes. No están lejanos los problemas del Ministro de Energía y Minas y el de Defensa, entre otros. Los actuales de las carteras de trabajo, de economía, de la Mujer, de Justicia, para citar algunos. La lista no sería completa sin tomar en cuenta al Ministro del Interior, que aparentemente tiene patente de corso para hacer de corsario con todo empeño contra las propias iniciativas dialogantes de la Presidenta del Gabinete.
Ha dicho Ana Jara que renunciar seria admitir responsabilidades en el escándalo de los famosos reglajes, en su presentación ante la Comisión permanente del Congreso. Puede ser verdad que su despacho no haya dado ninguna instrucción para la realización de tales espionajes o que simplemente no tuviera conocimiento, pero las evidencias son incontrovertibles acerca de la participación de la DINI.
Se renuncia no solamente por ser directamente responsables de hechos como éstos, sino también porque quienes incurren en ellos son parte institucional del sector en el cual se ejerce máxima autoridad. Es decir, por dignidad por decoro. Asimismo se renuncia para salvar la propia responsabilidad ante hechos o declaraciones que lesionan las propias maneras de pensar y actuar en las tareas encomendadas. Son las responsabilidades políticas que hay que saberlas asumir como parte de la conducta honesta y democrática en la función pública. Es posible la renuncia por ignorancia, esto es, cuando se ignora lo que ocurre bajo la institución a tu mando y estos hechos contravienen la Ley, la ética o atentan contra los derechos de las personas.
