Por: Manuel Guerra
Es sabido que la derecha retrógrada pretende impedir por todos los medios que los sectores populares adquieran conciencia política de clase –es decir la política contraria a los intereses de las clases dominantes–, que se organicen y luchen por un orden de cosas distinto al que ella ha edificado. A su modo de ver la fuente de inestabilidad y los numerosos conflictos sociales que se registran en el país, suceden por obra y gracia del “proselitismo político” (se refiere evidentemente a la izquierda), y por tanto debe estar proscrito de los sindicatos, las universidades, de los barrios y las comunidades, y hasta del seno de las familias.
Se habla mucho hoy de la actual degradación de la política y de la crisis de los partidos políticos, hecho que se expresa en el copamiento de las instituciones del Estado por una pléyade de mediocres, arribistas y delincuentes prontuariados, incluidos operadores del narcotráfico. Se habla también de la necesidad de fortalecer a los partidos políticos mediante una ley, que a todas luces procurará mantener fuera del escenario político a las organizaciones que accionan contra el status quo.
En realidad, en el presente las clases dominantes ya no necesitan de partidos políticos –en su sentido de representantes e interlocutores de los diversos sectores sociales, con capacidad de dirigir la política, promover y fiscalizar a sus miembros que son electos a cargos públicos–; los partidos de la derecha se han convertido en maquinarias electorales que se activan para la campaña, sustentados en cuantiosas sumas de dinero de dudosa procedencia, y que luego del proceso electoral son dejados de lado, como un estorbo. Es conocido cómo los presidentes de la república de las últimas décadas gobiernan sin sus partidos, cómo Alan García se encargó de destruir al APRA; cómo Ollanta Humala arrojó al tacho de basura a GANA-Perú; cómo el fujimorismo funda un “partido político” para cada ocasión. Algo parecido sucede con gran parte de las organizaciones políticas regionales.
Las clases dominantes transmiten valores, programa, planteamientos y ejercen influencia política e ideológica, es decir logran su hegemonía en el terreno de las ideas, no a través de los partidos políticos, sino por medio de lo que Althusser denominó los aparatos ideológicos, es decir el sistema educativo, la iglesia, la familia, el ámbito jurídico, la industria cultural y los grandes medios de comunicación. Así, la ideología de la clase dominante se vuelve dominante en la sociedad, se convierte en sentido común, aparece como algo natural, que no se debe poner en duda, menos cuestionar. De este modo se reproducen las injustas relaciones de producción dominantes.
Quienes insurgimos contra este estado de cosas y nadamos contra la corriente, sí necesitamos de partidos políticos enraizados en los más amplios sectores populares, cuya fuerza descansa no en el poder del dinero, sino en la claridad, la disposición, la entrega y el trabajo permanente de sus militantes. Las organizaciones políticas que se colocan consecuentemente al servicio de los intereses del pueblo y de la patria son instrumentos indispensables e irremplazables para sostener la batalla de ideas, organizar políticamente a los sectores populares, fortalecer las organizaciones sociales, contener y derrotar a la ofensiva reaccionaria y abrir un nuevo rumbo para sacar a nuestro país de la postración en que se encuentra.
Por ello resulta un contrasentido que el nocivo “apoliticismo” provenga también de determinados sectores que se autodefinen como progresistas y de izquierda. En un artículo anterior pusimos el ejemplo del infantilismo encarnado por Saavedra y otros en Cajamarca, sin embargo no son los únicos. Este “apoliticismo” es también patrimonio de gran parte de las ONGs que actúan en el ámbito social, quienes se esfuerzan en sustraer a los sectores populares de la influencia de los partidos de izquierda. Son numerosos los ejemplos de la prédica “apolítica” de estas instituciones, cuya creación estuvo motivada y financiada justamente para contener la influencia de las organizaciones de izquierda a escala planetaria. Así, las ONGs promovieron proyectos de organización y capacitación popular, extendieron su actividad a sindicatos y federaciones, practicaron el asitencialismo, asumieron determinadas demandas populares, cuidando eso sí, de evitar un cuestionamiento de fondo al capitalismo y de marcar distancias con el socialismo de sello marxista.
En la Cumbre de los Pueblos del 2008 realizada en Lima, accionaron para excluir a los partidos políticos, aduciendo que la cumbre solo era de los movimientos sociales y que los partidos deberían abstenerse de participar como tales y no debían hacer “proselitismo político” repartiendo sus volantes o mostrando sus banderas. Pero, oh sorpresa, al final de la citada cumbre Miguel Palacín, de la CONACAMI, lanzó su candidatura presidencial con gran pompa y profusión de propaganda, y con el apoyo de determinadas “instituciones sin fines de lucro”.
Semanas atrás se realizó en Celendín la Cumbre de los Pueblos, previa a la que tendrá lugar en Lima a partir del 9 de diciembre. El manejo de dicho evento fue bastante sectario, siendo evidente que se pretendió menoscabar la participación de las rondas y el frente de defensa de esa región debido a la influencia del MAS en esas instituciones. A sabiendas que la Federación Regional de Rondas Campesinas estaba preparando una marcha a Lima en defensa del medio ambiente, contra el centralismo y exigiendo la libertad de Gregorio Santos, la citada cumbre, con el auspicio de Grufides, acordó otra marcha para el 7 de diciembre. Cuando se intentó unificar ambas marchas, los organizadores de la Cumbre, en coro con Wilfredo Saavedra, se negaron, aduciendo que la marcha que ellos promovían no tenía por qué asumir banderas políticas, menos pedir la libertad de Goyo.
Pero no es secreto que las “apolíticas” ONGs financian y sustentan a determinadas organizaciones políticas. ¿No será que la Cumbre de los Pueblos a realizarse en Lima en los próximos días sirva como plataforma para abrir la cancha a otro candidato presidencial, tal como sucedió con Palacín?
