Por: Rolando Breña
Aquí terminamos con los despelotes. No es no hayan más, porque corremos el peligro de no terminar nunca. El Perú es un despelote total. No hay lugar, entidad o individuo que se libre. Vivimos en un permanente despelote, nos empelotan todos los días, en pelotas somos cogidos de sorpresa en sorpresa, no precisamente muy edificante, y estamos también hasta las pelotas o con las pelotas hinchadas de todo lo que nos obligan a ver, escuchar, a soportar. Esperemos que no nos falten pelotas para hacer que todo esto pueda cambiar más a la corta que a la larga, y no correr el riesgo de quedar empelotados hasta las calendas griegas y graduarnos de soberanos pelotudos.
A modo de colofón, mencionaremos algunos de los últimos (no en el sentido de que no habrán mas) que afectan la tan llevada y traída credibilidad de las instituciones públicas, en este caso, de las que se encuentran en los ámbitos de la justicia y del Derecho.
La Corte Suprema ha sufrido un fuerte remezón a causa del audio de la conversación entre el no habido Benedicto Jiménez y la abogada Lizeth Orihuela, en la que al dar cuenta del recurso de casación presentado, ella exclama alborozada “ya tenemos a Villa Stein y a, Neyra” (Presidente y Vocal de la Sala Suprema Penal Permanente). Se armo comprensiblemente un enorme despelote, las conjeturas y especulaciones aparecieron por doquier, con la facilidad con que brotan los hongos después de la lluvia (no me consta, pero así se dice). Las palabras que encendieron la pradera judicial son solamente dos, “ya tenemos”. Tenemos significa pertenencia y al hacer uso de ella ¿qué es exactamente lo que se quiso decir? ¿Que ambos vocales supremos ya estaban apalabrados? ¿Que habían sido convencidos de dar un voto favorable al recurso de casación? ¿Que habían asumido compromiso de favorecer la petición? ¿Que, dicho groseramente, ya los tenían en “la bolsa”? Al hacerse público el audio, la abogada no tuvo más ocurrencia que argumentar que quiso decir “ya tenemos la independencia” de los Magistrados Villa, Stein y Neyra; el alborozo de su “ya tenemos” obedecería, entonces, al alto concepto que tenía de la independencia de criterio de ambos jueces supremos. El asunto es que se fue de boca, con razón o sin razón. O fue una fanfarronada a la que algunos abogados acuden para mantener la esperanza en sus defendidos o “demostrar” sus contactos e influencias aunque sean inexistentes.
También el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional han sufrido sus respectivos despelotes y sismos internos. Ambos, como consecuencia de la prisión del ex Alcalde de Chiclayo Roberto Torres, el de la novela rosa bautizada creativamente como “La Jefa”, novela rosa con la joven que es hoy de suspenso, intriga, cárceles, lagrimas y desesperanza.
En lo que concierne al JNE, se habrían producido pagos a funcionarios para favorecer a Roberto Torres en dos procesos ventilados ante ese organismo, que lo habrían librado de las consecuencias de fallos contrarios en una tacha y en una vacancia. Las Resoluciones existen y justamente favorecen al ex Alcalde.
En cuanto al Tribunal Constitucional, la cosa es más seria si fuera cierto. De acuerdo a las revelaciones de un “colaborador eficaz”, Roberto Torres pagó a dos hoy ex Magistrados con el fin de obtener una sentencia favorable. Se ha mencionado el pago de 160 mil dólares, además de otros pagos a los ex miembros del Tribunal Constitucional Carlos Mesia y Gerardo Eto.
Lo que llama la atención, de ser ciertas estas denuncias, es lo permeable y fácil que sería vulnerar la legalidad y la moralidad de instituciones que son guardianes del Estado de Derecho, depositarias de la mayor confianza y credibilidad de la ciudadanía. Es legítimo preguntarse que si estas denuncias corresponden a la realidad y tocan los más altos estamentos de la justicia y la defensa de la voluntad ciudadana ¿sucederán iguales o similares hechos en los estamentos inferiores?. No queremos decir que por el solo hecho de tener menor jerarquía, la ilegalidad y la corrupción circulan entre ellas, pero si los filtros en la superioridad son tan débiles o inexistentes, se pueden replicar en todo el organismo.
Un hecho que no puede pasar desapercibido es lo que toca vivir al Ministerio Público en las cabezas de sus representantes máximos. Sucede que el actual Fiscal de la Nación está comprendido en la indagación que realiza la Comisión Parlamentaria sobre las denuncias en el Gobierno Regional de Ancash y su famosa “centralita”. El Presidente de esa Comisión ha declarado que el Fiscal de la nación ha pasado “de testigo a investigado”; quiere decir, que tendría responsabilidad en los ilícitos investigados. Eso no es todo, el anterior Fiscal de la Nación también está siendo investigado. Los ciudadanos nos preguntamos, prácticamente con los ojos desorbitados y los cabellos erizados, si los responsables máximos del Ministerio Público se hallan investigados, denunciados o procesados ¿en manos de quiénes quedan la protección y defensa de nuestros derechos y lo de toda la población?
Ha regresado al candelero político ilegal con más fuerza y comprendiendo otros personajes la presunta financiación de la campaña electoral del nacionalismo con dólares provenientes de la minería informal. Hasta se dice que se habría entregado oro físico.
Aquí nos quedamos. Pues, como decíamos al inicio, la cosa sería de nunca acabar si empezamos a recorrer todo el tejido institucional de nuestro país. Los “hallazgos”, como dicen los órganos de control, serian incontables, increíbles.
