Mediante Resolución Nº 18/2015 de fecha 14 de mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado la Medida Cautelar Nº 530-14 a Gregorio Santos Guerrero, al evaluar que su vida e integridad corren riesgo grave, urgente e irreparable por las condiciones de carcelería en las que se encuentra; disponiendo que el Estado peruano, en concierto con el beneficiario, adopte las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad y el cumplimiento de los estándares internacionales respecto de las condiciones de detención, y dando 20 días al Estado peruano para que le informe sobre las medidas adoptadas.
Como se sabe, Gregorio Santos está encarcelado en una prisión de máxima seguridad (Piedras Gordas), no obstante que no se cumplen los requisitos exigidos por ley para declarar su previsión preventiva que se posterga indefinidamente, sin que haya sido condenado, ni presentado prueba consistente de los delitos que se le acusa; contrariamente a otros grandes delincuentes que no solo gozan de libertad, sino que también tienen garantizada su impunidad.
No solo eso. Gregorio Santos viene siendo sometido a un régimen carcelario inhumano, mezclado con condenados por crímenes de lesa humanidad y delincuentes de alta peligrosidad. Todo lo cual ha sido debidamente probado y sustentado ante la CIDH, y que ha servido para que este organismo le otorgue la medida cautelar.
A pesar de ello, el gobierno peruano, como se informa en el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, se niega a acatar lo dispuesto por la CIDH, desconociendo la calidad de comunero rondero de Gregorio Santos y rechazando las denuncias presentadas por la defensa del agraviado, acusando a la CIDH de desplegar una política perjudicial para nuestro país.
Esta posición adoptada por el gobierno peruano y aplaudida por la derecha cavernaria, reviste suma gravedad, pues no solo afecta los derechos particulares de Gregorio Santos, sino que, asimismo, revela la intención de desacreditar a la CIDH con el objetivo de que el Perú renuncie al fuero del citado organismo internacional, conforme vienen exigiendo los sectores más retrógrados y reaccionarios del país.
La calificación que hace de Gregorio Santos el Ministerio de Justicia en el citado comunicado de prensa al llamarlo “uno de los líderes del movimiento antiminero”, revela el verdadero propósito político de su detención, hecho que pretende encubrirse con acusaciones de corrupción que se revelan cada vez más inconsistentes.
El Partido Comunista del Perú – Patria Roja, reitera su solidaridad con Gregorio Santos, exige su inmediata libertad, el respeto a sus derechos ciudadanos, y que, en tanto se le niegue su libertad, se cumplan los estándares internacionales de carcelería, conforme lo ordena la medida cautelar emitida por la CIDH.
Convocamos a los diversos sectores sociales, políticos, académicos, a las personalidades y el periodismo comprometidos con la defensa de los derechos humanos, a denunciar la señalada posición del gobierno peruano, exigir se respeten los derechos de Gregorio Santos y desenmascarar la campaña orquestada contra la CIDH.
Lima, 21 de mayo del 2015
Buró Político del Comité Central
